Debido a que la ley original no contemplaba un plazo de denuncias, fue el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo el encargado de establecer el periodo, el que fue definido inicialmente como solo seis meses. La iniciativa aprobada extiende ese plazo a dos años. Sin embargo, durante la discusión también fueron levantadas otras dificultades en la aplicación del protocolo.