El panorama relacionado a los auspicios de empresas en el fútbol chileno cambió considerablemente durante los últimos años con la irrupción de las casas de apuestas por internet. Un negocio lucrativo que en otros países ha echado raíces, pero que en Chile se ha visto envuelto en polémicas debido a que, según la Superintendencia de Casinos, en el país no solo estarían no regulados, sino que sería ilegal. Así, mientras muchas camisetas del fútbol chileno lucen como auspiciadores a algunas de estas empresas, hay proyectos de ley en marcha que buscan prohibir su participación en el deporte nacional.
La semana pasada, la empresa estatal Polla Chilena de Beneficencia presentó una querella contra quienes resulten responsables por la operación en Chile de casas de apuestas en línea. La acción indica que empresas como Betsson, Betano, Coolbet, Latamwin y Betway -que ofrecen servicios de apuestas deportivas online- no se encontrarían autorizadas para operar en el país.
La querella indica que, según la regulación actual, Polla es la titular exclusiva del sistema de apuestas relacionadas con competencias deportivas. En esta misma línea, la acusación realizada en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago indica que son “entidades específicas las que pueden organizar y operar juegos de azar, cuando se encuentran expresamente autorizadas por ley para tal efecto”.
“Por medio de diversos avisos publicitarios en diarios de circulación nacional, internet y redes sociales, Polla tomó conocimiento de la existencia de diversas empresas que ofrecen servicios de apuestas en línea (online), mediante loterías ilegales, específicamente consistentes en operaciones de apuestas deportivas ofrecidas al público de manera completamente ilegal”, dice la querella. El documento luego entrega varios pantallazos de los sitios web de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y distintos clubes de fútbol. “Los representantes en Chile de estos operadores de loterías ilegales han tenido la audacia de difundir publicidad en canales de televisión nacional, llegando al extremo de suscribir millonarios acuerdos de auspicios no sólo con los más importantes equipos de fútbol local, sino que incluso con la propia ANFP”, acusa el documento.
El escrito solicita que el tribunal cite a clubes de fútbol y a medios de comunicación para la investigación correspondiente. En ese sentido, se menciona a Colo-Colo, Universidad de Chile, Palestino, O’Higgins y Everton. El objetivo es que estas sociedades anónimas entreguen información relacionada a los contratos celebrados por cada una de dichas instituciones con las empresas de apuestas en línea o las personas naturales o jurídicas que las representan. De hecho, tanto Colo-Colo como Universidad de Chile llevan las marcas de casas de apuestas como el principal auspiciador de sus camisetas (Coolbet y Betano, respectivamente).
Al mismo tiempo, el documento judicial pide que también sea citado a declarar el presidente de la ANFP Pablo Milad, para que informe sobre los hechos e “indique la identidad de los representantes legales de la empresa Betsson que celebraron convenios de auspicio u otros con la ANFP; o proporcione los instrumentos en los que constan los contratos y comunicaciones con Betsson y sus agentes o representantes”. Hoy, tanto la primera división masculina de Chile como el ascenso llevan los nombres de la empresa Betsson: Campeonato Betsson y Ascenso Betsson.
Los medios de comunicación Canal 13, TVN, Chilevisión, CNN Chile y TNT Sports también son sugeridos para que sean citados a declarar.
Proyecto de ley en primer trámite constitucional
Sin embargo, la problemática de las casas de apuestas en línea no es nueva. Desde 2022, la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputadas y Diputados ha estado legislando sobre un proyecto de ley cuyo objetivo es, según indica el documento original, “prohibir la presencia de publicidad de casas de apuestas online en la realización de eventos deportivos al igual que en los clubes nacionales, considerando que estas empresas no cuentan con regulación en nuestro país y que la actividad que publicitan puede tener un efecto negativo en los espectadores de espectáculos deportivos” (boletín nº 14892-29). Según explicó el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) en una sesión de la comisión, en concreto, el proyecto tendría dos razones: evitar arreglo de partidos según la conveniencia de clubes y de casas de apuestas; y, en segundo lugar, cuidar a las personas jóvenes de una posible adicción.
Hasta antes del receso legislativo de febrero, el artículo 1 del proyecto de ley indicaba la prohibición de cualquier tipo de acto o contrato entre empresas de apuestas en línea con organizaciones deportivas profesionales, sean estas asociaciones, federaciones o Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, entre otras. En ese sentido, el no cumplir con la normativa sería sancionado con una multa de 150 a 2 mil UTM (aproximadamente entre 930 mil pesos a 124 millones de pesos chilenos). Además del castigo monetario, la organización deportiva profesional será sancionada con la eliminación del registro de organizaciones deportivas profesionales.
Durante la discusión en la comisión, el diputado Marco Antonio Sulantay (UDI, hijo del exjugador y técnico chileno José Sulantay) indicó que “hay una urgencia en que los clubes están avanzando en un terreno ilegal, con contratos con casas de apuestas que no están constituidas en Chile y que no tienen ninguna responsabilidad”.
El Ministerio del Deporte se hizo presente varias veces durante el debate. En septiembre de 2022, a través de su asesor legislativo Hugo Castelli, la cartera expresó la necesidad de “prohibir cualquier figura contractual entre las organizaciones deportivas y las casas de apuestas online que, además, no están autorizadas para operar”. En la oportunidad, el MINDEP recomendó expresar la prohibición directamente a las organizaciones deportivas, en sentido amplio, para evitar el error de establecer prohibiciones a una actividad que ya es ilícita, especialmente si el objeto de la apuesta es el resultado de la actividad que desarrollan.
El proyecto fue presentado solo por diputadas y diputados de la UDI: Gustavo Benavente, Sergio Bobadilla, Fernando Bórquez, Cristian Labbé, Cristóbal Martínez, Cristhian Moreira, Marco Antonio Sulantay, Renzo Trisotti, Gastón Von Mühlenbrock y Flor Weisse.
En la actualidad, el proyecto está por finalizar su primer trámite legislativo, por lo que no hay claridad sobre cuál será su resultado final.
La polémica indicación transitoria para el fútbol femenino
En la sesión del 10 de enero de 2023 se discutió una propuesta de inciso para el artículo primero transitorio. Este artículo indica que la ley entraría en vigencia doce meses después de su publicación y quedarían sin efecto todos los contratos celebrados en esta materia hasta la fecha. A esto, se le sumaría un segundo inciso, el que indica que para la publicidad en indumentaria deportiva o infraestructura utilizada en competiciones en las que participen mujeres, la ley entraría en vigencia 36 meses después de la publicación de la ley, en vez de los 12 meses antes mencionados para el fútbol masculino.
La idea causó amplio debate entre las y los parlamentarios. Algunos diputados señalaron que no era coherente, por ejemplo, financiar una actividad “tan positiva como el fútbol femenino, con una actividad ilícita”. El diputado Jorge Guzmán (Evópoli), por ejemplo, señaló que le generaba ruido que se le diera un trato especial a un grupo de personas determinado y no se cuestione la fuente de financiamiento.
Por su parte, la diputada Marisela Santibañez (PC) indicó que la situación del fútbol femenino permite pasar por encima de ese razonamiento, ya que es el único ingreso de la actividad. Agregó que se han hecho los esfuerzos para solventar el fútbol femenino y promocionarlo, sin embargo no hay ninguna actitud o acción de las autoridades para favorecerlo. También se argumentó que no es que se estuviera votando a favor del financiamiento de las casas de apuestas en el fútbol femenino, sino que solo se estaría poniendo una fecha distinta de finalización.
Finalmente, se votó a favor de la indicación con los votos de Erika Olivera (IND), Marisela Santibañez (PC), Andrés Celis (RN), Andrés Giordano (CS), Jaime Mulet (FRVS) y Cristián Tapia (IND).
La ANFP se defiende
Durante el debate, la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputadas y Diputados ofició a la ANFP para que entregue información respecto a la legalidad de los contratos que ha suscrito con casas de apuestas a través de intermediarios y de la publicidad que el fútbol profesional realiza a dicha actividad.
En su respuesta, la ANFP señaló que no existe prohibición alguna que impida la celebración de contratos con este tipo de empresas, explicando al mismo tiempo que “si este tipo de publicidad se encontrase prohibida, el proyecto de ley en actual tramitación legislativa sería redundante e innecesario”. Milad en una conferencia de prensa en julio de 2022 dijo que, en su visión, esta práctica no sería ilegal: “Algo es ilegal cuando va contra la ley. Hoy día no hay una regulación, por eso nosotros vamos por ello. Queremos que se regularice, pero no podemos decir que es ilegal si no está normado”.
La Asociación también informó sobre cuál es el porcentaje de ingresos que representan las casas de apuestas y cómo de distribuyen los ingresos de los clubes de fútbol de primera división: “El 50% de ellos proviene de los derechos televisivos; un 26% se trata de ingresos comerciales generados por los diversos sponsors; un 11% corresponde a la transferencia de jugadores; un 5% por concepto de ticketing (entradas); y el 8% restante se refiere a otros ingresos. De esta forma los ingresos por concepto de contrato de publicidad relativos a sitios o plataformas de apuestas por Internet alcanzan en promedio a un 7,8% del total de los ingresos de los clubes de fútbol profesional”.
Superintendencia de Casinos: “Es por definición ilícito”
La Superintendencia de Casinos de Juegos también fue oficiada por la Comisión de Deportes y Recreación para que se refiera a la licitud de los contratos de auspicio y publicidad que ha suscrito la ANFP con casas de apuestas en línea.
Para explicar su posición, en la carta que envió al grupo de parlamentarios y parlamentarias, la superintendencia señaló que los juegos de azar en Chile “constituyen una actividad económica regulada, por regla general de naturaleza ilícita, que sólo excepcionalmente en virtud de una ley es autorizada para ser desarrollada y explotada comercialmente”, es decir, si no tiene expreso permiso legal, es un delito.
A pesar de lo que señala la ANFP, la Superintendencia de Casinos es tajante: “los clubes deportivos de fútbol que reciben financiamientos y patrocinios por parte de plataformas de apuestas en línea se encuentran amparando una actividad que en nuestro ordenamiento jurídico es ilegal”. El servicio público también señaló que han llegado denuncias de personas contra las casas de apuestas por malas prácticas. Todos esos antecedentes han sido remitidos al Ministerio Público.
ANFP y Betsson: presiones y amenazas
La Comisión de Deportes llevada a cabo el 13 de diciembre de 2022 recibió a Arturo Juarros, presidente de Unión Española. La cita tuvo el objetivo de que éste entregara antecedentes sobre las “presiones y amenazas” que habría ejercido la ANFP durante el Consejo de Presidentes de Clubes celebrado para la definición de las bases del Torneo Nacional 2023 para instar a los equipos afiliados al uso del logo de una casa de apuestas online como próxima auspiciadora de dicho torneo.
También asistió el gerente general de Unión Española, Cristián Rodríguez, quien señaló que en dicha reunión se estaba revisando todo lo relativo a los derechos y las obligaciones de los clubes respecto del eventual auspiciador del próximo campeonato, sin mencionar en una primera instancia que se trataba de Betsson. Antes de dicha reunión, la ANFP entregó a los clubes una minuta con los puntos que se debían aprobar y rechazar. Además de eso, se indicó que la Asociación entregaría un manual para explicar las formas en que la marca del auspiciador debía ser aplicada en términos de diseño gráfico. Dicho manual no había sido anunciado a los clubes, según indicó Rodríguez. En este mismo texto se asignaban infracciones en caso de incumplimiento, “específicamente en caso de no hacer uso de la publicidad aludida, la multa iban a ser 100 UF (3 millones y medio de pesos chilenos aproximadamente), y en caso de reincidencia, ese monto se elevaba a 200 UF (un poco más de 7 millones de pesos chilenos)”.
Este anuncio, según informaron los representantes de Unión Española, detuvo toda la discusión de las bases del campeonato. Una vez retomada la sesión, la mesa de la ANFP propuso una serie de indicaciones que alteraban la propuesta anterior: la penalización por el no cumplimiento sería de 500 UF (17 millones 700 mil pesos chilenos) y se agregó un inciso que indicaba que en caso de negativa total por parte de un club para cumplir esta normativa, la penalización sería de 20 mil UF y la pérdida de puntos en el campeonato nacional. La postura fue rechazada también por Colo-Colo. Finalmente, esta última indicación fue votada en contra.
Si bien Juarros explicó que no cree que existan hoy arreglos de partidos o que haya un manejo fuera de norma, sí tiene la percepción de que hoy hay “dos elementos del fútbol que están invadiendo la actividad y, de alguna forma, controlándolo: las casas de apuestas y los representantes. Es un secreto a voces”.
Revista Obdulio 