
Fue noticia durante toda la semana. Lo ocurrido en el partido entre Gimnasia y Boca Juniors abrió un intenso debate no solo relacionado a quién o quiénes son principales responsables, sino también sobre cómo la policía trata a las hinchadas que se hacen presentes en los estadios, muchas veces presumiendo que los y las asistentes carecen de derechos. Un fenómeno que también se observa en el resto de latinoamérica.
César Rogueiro es el nombre del hincha de Gimnasia que perdió la vida luego de los brutales incidentes que ocurrieron en el estadio Juan Carmelo Zerillo durante el partido entre el club local Gimnasia y Esgrima de La Plata, y Boca Juniors. Allí, un grupo importante de hinchas quedó con entrada en mano sin poder ingresar a la cancha. Para dispersar a aquel grupo de personas que se encontraba a las afueras del estadio, la policía de Buenos Aires utilizó balines de goma y gases lacrimógenos. Los gases entraron, incluso, a las galerías, causando un sinnúmero de heridos y el paro cardiorrespiratorio de Rogueiro, quien tenía 57 años.
Como era de esperarse, las críticas al actuar policial se hicieron comunes. “Asesinos” tituló la tapa del popular diario Olé. “Es una vergüenza que sigan pasando estas cosas en nuestro fútbol y a nuestra gente”, dijo Marcos Rojo, capitán de Boca Juniors. “No murió, lo mataron” dijo también Agustín Cardozo, quien comenzó el partido como titular por Gimnasia y Esgrima de La Plata. Porque el descontrol policial alcanzó incluso a la prensa que estaba presente durante los 9 minutos que se jugaron de partido: un camarógrafo de TyC Sports denunció haber sido apuntado directamente con escopetas antidisturbios y haber recibido tres balines en la ingle.
La defensa de la policía, en boca del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue que el club había sobrevendido el partido, por lo que el tumulto fuera del estadio era responsabilidad del club, en particular del presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino. La defensa del club, a través de numerosos comunicados, fue que «La Comisión Directiva del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata reitera su absoluto repudio al accionar desmedido, desplegado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires y por la APREVIDE (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte)», aduciendo además que no existió sobreventa de entradas alguna y que “hemos solicitado se nos otorgue el rol de ‘particular damnificado’ y de ‘víctima’ (…) con la mera finalidad de tutelar y proteger los intereses de nuestro club”.
Porque, pese a las declaraciones cruzadas, pareciera que las responsabilidades fueron ya definidas: el gobierno de Buenos Aires apartó de sus funciones a Juan Gobarán, jefe del operativo policial que se llevó a cabo en las inmediaciones del estadio de Gimnasia. También se escucharon insultos y pifias a Berni durante el velorio de Rogueiro el día viernes 7 de octubre. Berni, a todo esto, reculó en sus declaraciones iniciales, culpando ahora sí al operativo policial. Según reportó Olé, el gatillante de los enfrentamientos entre hinchas y uniformados habría sido el empujón de un policía a una niña. Mientras tanto, la investigación se sigue llevando a cabo y la fiscalía estudia calificar el actuar represivo policial como “estrago culposo y violencia institucional”, mientras que la subsecretaría de Derechos Humanos declaró a través de un comunicado que “se trató de una represión con ensañamiento y descontrol que no tiene justificativos”, por lo que anunciaron su deseo de ser querellantes en la causa.
Tristemente, no es raro en el fútbol latinoamericano que el trato a los y las hinchas que asisten a los estadios sea a través del control policial. Ya lo han dicho también voces como la de Pablo Alabarces: “la gestión de los espectáculos de masa son gestiones policiales porque los encuentros deportivos no están planificados para recibir a un público con ciertos derechos ciudadanos o derechos como consumidores”. En el fútbol latinoamericano, concluye, los y las hinchas son culpables hasta que se demuestre lo contrario.