En la papeleta de mañana habrá dos alternativas: apruebo o rechazo una nueva constitución. A pesar de que desde la clase política se ha hablado de tercera vía o de reformar, lo concreto es que eso implica partir desde la base que fue escrita por Jaime Guzmán. La elección es sencilla: tenemos una nueva constitución o seguimos con la Pinochet. Y ante eso no hay dos lecturas posibles.
Este domingo 4 de septiembre se vivirá una de las elecciones más importantes de la historia de Chile, pues las más de trece millones de personas habilitadas según el padrón electoral para votar tendrán la posibilidad de aprobar o rechazar el proyecto de nueva constitución que emanó de la convención constitucional hace unos meses y que ha sido ampliamente discutido por todos los sectores.
Dentro de los muchos cambios que establece la propuesta de constitución está la consagración de una serie de derechos sociales. No solo el deporte (artículo 60), sino que vivienda, salud (física y mental), trabajo, seguridad social y otros como la libertad sindical, cuidado, ciudad y territorio.
La diferencia principal con el texto anterior es la consagración del derecho en sí, no solo de su acceso. Mientras el artículo 44 del borrador de nueva constitución establece que “toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar integral”, el artículo 3 numeral 9 de la constitución vigente establece que “el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo”. La garantización del “acceso a” es palabra común en la constitución vigente y es un mecanismo a través del cual el Estado se desliga de la protección directa de sus ciudadanos y ciudadanas, cayendo más en una categoría de fiscalizador-subsidiario. De hecho, el artículo 1 de la propuesta en la que se define al Estado como solidario y de derechos reemplaza también el carácter de facto de subsidiariedad que simboliza al Estado escrito por Jaime Guzmán durante la dictadura de Pinochet.
Entonces, ¿es perfecto el proyecto de constitución? La respuesta depende de quien responde, pero lo más probable es que todos digan que podría ser mejor. Sus críticos se han enfocado principalmente en el sistema de justicia, plurinacionalidad y el sistema político. De hecho, una de las señales de que la futura constitución puede mejorar viene dada por la promesa del ejecutivo y los partidos políticos a favor del apruebo para presentar un paquete de reformas el 5 de septiembre en caso de que la nueva constitución se ratifique.
En el mismo sentido, quienes están por la opción del rechazo se han posicionado en dos veredas distintas. La primera es llamar a un nuevo plebiscito que pregunte si se desea cambiar la constitución actual, desconociendo al casi 80% de ciudadanos y ciudadanas que votaron por escribir una nueva constitución hace dos años. La segunda es reformar la actual constitución, algo a lo que se han acogido incluso algunos sectores autorreconocidos como progresistas -el caso de una facción de la democracia cristiana-, quienes presentaron y aprobaron un proyecto de disminución de cuórum para futuras reformas constitucionales, las que dicho sea de paso solo serían vigentes en caso de mantenerse la actual constitución.
Ambas ideas pretenden, no obstante, dificultar la reescritura total de la constitución actual, entendiendo que el rechazo de entrada o las reformas al texto vigente mantienen como tabla de base a la constitución de 1980, un texto ilegítimo de origen y que cuenta con una falta de apoyo abismal. Las reformas constitucionales, por lo demás, no garantizan un cambio en el modelo que vaya en línea con lo que Chile quiere y necesita. Para ello solo cabe observar lo ocurrido durante el gobierno de Ricardo Lagos, en el que se presentó un amplio paquete de reformas constitucionales y que no produjo mayor cambio. ¿Por qué en este caso habría de ser distinto?
Lo que está en juego este domingo no es cuál será la constitución con la que Chile entrará al 2023, pues sea la vigente o la propuesta, lo más probable es que se presenten reformas durante lo que queda de este año. Lo que está en juego, finalmente, es si la constitución escrita con sangre durante la dictadura seguirá siendo la piedra de inicio del entramado legal de Chile. Es principalmente un sector, aquel que gobernó durante aquellos fatídicos 17 años y que es cómplice de las miles de muertes y desapariciones, el que quiere que se mantenga el texto de Jaime Guzmán. Y es solo una opción, la del apruebo, la capaz de eliminar por completo uno de los últimos vestigios de la dictadura.
Revista Obdulio 