Debido a que la ley original no contemplaba un plazo de denuncias, fue el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo el encargado de establecer el periodo, el que fue definido inicialmente como solo seis meses. La iniciativa aprobada extiende ese plazo a dos años. Sin embargo, durante la discusión también fueron levantadas otras dificultades en la aplicación del protocolo.
Por unanimidad, la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que fija un plazo para la presentación de denuncias por acoso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva, modificando así el protocolo publicado por el Ministerio del Deporte (Mindep) en 2020. La iniciativa fue presentada en septiembre de 2021 por las diputadas Erika Olivera (independiente), Marisela Santibañez (Partido Comunista) y Raúl Leiva (Partido Socialista).
En concreto, la iniciativa indica que, para las conductas constitutivas de maltrato, discriminación, acoso o abuso sexual, se determina un máximo de 2 años desde la perpetración de los hechos para poder presentar la denuncia correspondiente. En caso de que la víctima sea menor de edad, el plazo de dos años contará desde el cumplimiento de su mayoría de edad.
Según explicó la diputada Erika Olivera durante la comisión, “nos hemos encontrado con casos de maltrato en donde hay una relación jerárquica en donde el entrenador tiene el poder sobre el o la deportista y ahí donde uno se encuentra con que no se reconoce el maltrato. En el mundo del deporte, lamentablemente, este tipo de situaciones se han normalizado por años y se cree a ojos cerrados lo que dice el entrenador”.
“Sin duda, los seis meses que estaban establecidos no eran un plazo suficiente para que una persona que fue víctima de cualquier situación que describe el protocolo pueda no solamente denunciar, sino que procesar y entender la gravedad en una situación que ha sido normalizada”, indicó la ex presidenta de la Federación Nacional de Karate, María Angélica Coronil, quien hizo uso del protocolo y compartió su testimonio en la comisión.
La discusión
Para discutir el proyecto, asistieron a la Comisión de Deporte, entre otras personas, representantes del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo y la abogada Francisca Viera, quien también es magíster en Derecho laboral y seguridad social y ha defendido a deportistas que han hecho válido el protocolo del Mindep.
Del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo asistió su presidente Carlos Castro y el secretario de la entidad, Juan Carlos Oliveros. Si bien ambos estaban de acuerdo con ampliar el plazo de denuncia, se manifestaron en contra de la propuesta inicial que contemplaba tres años. Castro señaló en su presentación de la sesión del 10 de mayo que “si se hace este plazo muy extenso, la temática probatoria se debilita porque no solo tenemos que recoger la denuncia sino que tenemos que conocer con qué antecedentes se funda la misma (…) Estimamos que si se dilata mucho en el tiempo (el plazo de denuncia) va a servir solo para hacer denuncias que no tengan mayor fundamento y esto es nocivo sobre todo para deportistas que están en el tapete público”.
Por su parte, Oliveros argumentó que “si dejamos un plazo de prescripción de tres años, un mismo deportista que tenga un problema con otro por temas de discriminación o maltrato puede arbitrariamente decir «mire, ¿sabe qué?, este año no lo voy a denunciar, lo voy a denunciar el próximo año» y quedaría al arbitrio o al manejo de la víctima el poder decidir cuándo (hacer la denuncia), independiente a las razones de fondo”.
El tiempo establecido por el comité para hacer denuncias -denominado como “plazo de prescripción”- podría llevar a que, en los hechos, el protocolo sea inaplicable, pues las personas que son víctimas de maltrato, discriminación y, en especial, de acoso y abuso sexual, no suelen hacer las denuncias de manera inmediata. De hecho, se estima que las personas que son víctimas de violencia de género tardan en promedio ocho años en hacer una denuncia y, dentro de las principales razones de la demora, está el temor a la reacción del entorno, pues existe una tendencia hacia responsabilizar y culpabilizar a las víctimas.
La abogada Francisca Viera también expuso en la Comisión de Deporte y señaló que el periodo establecido por el comité de arbitraje ha incidido en que varias víctimas no se atrevan a denunciar los hechos que han venido sufriendo hace ya varios meses previos a la entrada en vigencia del protocolo y que “hechos que se arrastran desde la niñez de las víctimas se hayan quedado sin poder ser denunciados”.
Sin embargo, según la abogada, esa no es la única dificultad que ha tenido el protocolo en su aplicación. El trabajo de la figura de responsable institucional no ha funcionado de forma correcta, pues no cuentan con la capacitación y experiencia suficiente, incluso no pudiendo identificar cuando han habido acciones constitutivas de delito. Por otro lado, a pesar de que el protocolo tiene como uno de sus principios la celeridad del proceso, el procedimiento es extenso y poco claro. Además, algunas medidas cautelares, como el alejamiento, se hacen inaplicables, por ejemplo, cuando el o la deportista se encuentra fuera del país.
Revista Obdulio 