La moción prohíbe la participación de las personas trans en el deporte de alto rendimiento y podría significar una vulneración al derecho a la privacidad porque permite la solicitud de revisión de los documentos de identidad original. Según personas expertas, el proyecto es testimonial pues, además de ser inconstitucional, no contaría con el apoyo suficiente.
En la sesión del 12 de abril de la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputadas y Diputados se dio cuenta de la recepción de un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para “prohibir la participación de deportistas transgénero en deportes de competición y de alto rendimiento contra deportistas de un sexo biológico distinto al suyo” (Boletín 14884-29).
La moción fue propuesta por Cristián Araya, Chiara Barchiesi, Gonzalo De la Carrera, Harry Jürgensen, Johannes Kaiser, Benjamín Moreno, Gloria Naveillan y Cristóbal Urruticoechea, quienes forman parte del Comité Republicanos.
En concreto, el proyecto propone la modificación de Ley Nº19.712 del Deporte, incorporándose un nuevo artículo que indicaría que “en el deporte de competición y en el deporte de alto rendimiento y proyección internacional, los deportistas estarán obligados a competir con otros individuos de su mismo sexo biológico. Para efectos de esta obligación, el sexo biológico estará determinado por su partida de nacimiento original”.
El proyecto también propone que se podrá “recurrir al tribunal con competencia en materia de familia correspondiente al domicilio del peticionario para solicitar los documentos de identidad originales de los deportistas de competición y de alto rendimiento”.
Sobre esto, la abogada y activista trans Constanza Valdés, quien además tiene experiencia como asesora parlamentaria, indicó que “es un proyecto altamente discriminatorio e incluso inconstitucional, sobre todo porque sanciona y excluye a personas por su identidad de género y crea una categoría de exclusión relacionada al «sexo biológico» con la partida de nacimiento sin haber sido ratificada. En ese sentido, también invade la privacidad de las personas y crea requisitos, lo que resulta gravoso”.
En los antecedentes del proyecto se dan ejemplos de casos de deportistas trans que han ganado competencias de alto rendimiento. Sin embargo, se omite que estas personas cumplían con las guías entregadas por el Comité Olímpico Internacional en relación a la participación trans en el deporte competitivo. Las guías indican que cualquier atleta trans debe demostrar que sus niveles de testosterona deben ser menores a 10 nmol por litro por al menos 12 meses antes de la primera competición, el que se debe mantener durante el período de elegibilidad deseada para competir en la categoría femenina. Además, si la atleta se declara mujer, esa declaración no puede ser cambiada en, por lo menos, cuatro años. Finalmente aclaran que la guía, que también habla sobre las mujeres con hiperandrogenismo, es propensa a actualización según lo indique la ciencia o la medicina.
Posibilidad de legislación
Para que un proyecto de ley sea discutido en una comisión en la Cámara de Diputadas y Diputados debe ponerse en tabla, lo que depende del presidente o presidenta de dicha comisión. En la actualidad, el presidente de la Comisión de Deporte y Recreación es el diputado Roberto Arroyo del Partido de la Gente, por lo que no existe claridad sobre si el parlamentario lo pondrá o no en tabla próximamente.
“Considerando el equilibrio de las fuerzas políticas, muy difícilmente podríamos ver que este proyecto de ley pudiera aprobarse en la comisión y en la la Cámara de Diputadas y Diputados. En ese caso, es un proyecto de ley que es testimonial, así como ha presentado muchos proyectos de ley el diputado Urruticoechea y personas de su sector”, indica Valdés.
Según explica la abogada, este proyecto requeriría mayoría simple para ser aprobado y si es que se considera a la bancada del Partido Republicano y la derecha más conservadora, no alcanzarían los votos. “Dentro del optimismo de que es casi imposible que pueda aprobarse, igual hay que poner atención porque el proyecto atenta gravemente no solo contra los Derechos Humanos, sino contra el orden constitucional que tenemos actualmente y en el eventual nuevo orden constitucional, este proyecto difícilmente podrá pasar”, concluye.
Revista Obdulio 