Por Tomás Dávila Bórquez
El 24 de diciembre pasado, la Contraloría General de la República presentó dos informes definitivos a raíz de las denuncias efectuadas por dirigentes de ANFUCHID, ANEF, y diputados y diputadas de la república. En dichos informes se exponen múltiples irregularidades que datan del año 2019, mismo año en que la ex ministra del Deporte Cecilia Pérez iniciaba su gestión al mando de esta cartera. Siendo marzo del 2022, aún se observan irregularidades como el reciente robo de tres tractores y una betonera desde el interior del Estadio Nacional.
Hace unas semanas, funcionarios de la Asociación Nacional de funcionarios de ChileDeportes (ANFUCHID), junto a su presidenta Paula Bustamante, denunciaron el robo de tres tractores y una mezcladora de cemento -betonera- desde el interior del Estadio Nacional, hecho que ocurrió en los últimos días de la administración de Cecilia Pérez. De acuerdo con las informaciones, ingresaron camiones y camionetas al recinto el día 28 de febrero durante la noche, desde donde sustrajeron tres tractores de mantenimiento de jardines y áreas verdes más una mezcladora de cemento, las cuales se encontraban en el interior de las dependencias del recinto deportivo.
Tras los hechos, el presidente Metropolitano de ANFUCHID Yerko Cortés detalló que al momento de solicitar las grabaciones de las cámaras a la empresa JCA Security Ltda., encargada de la seguridad del perímetro del Estadio, se le respondió que éstas se habrían encontrado apagadas. Según lo especificado en el documento oficial entregado por el supervisor jefe Germán Gaete, el día 12 de marzo del 2022 a las 22:58 horas, Felipe Soto, jefe de seguridad del Estadio Nacional, envió un mensaje vía WhatsApp al encargado de cámaras, el guardia Edison Castillo, indicando que cambiara la dirección en el enfoque de las cámaras de torres 2 y 3. Estas fueron redirigidas a portería, hacia Avda. Pedro de Valdivia y Avda. Maratón, respectivamente. El cambio de foco de las cámaras de seguridad quedó escrito en el libro de novedades de la empresa de seguridad junto a la ficha de ingreso de camiones que entraron al perímetro del Estadio Nacional y cargaron lo sustraído. Todos estos antecedentes fueron entregados a la policía de investigaciones para ser revisados. Al respecto, la presidenta nacional de ANFUCHID Paula Bustamante comentó: “Ingresaron camiones que estaban vacíos y salieron cargaditos de cosas, entonces obviamente aquí hay una responsabilidad evidente de la empresa de seguridad, quienes se intentaron desmarcar en el informe que presentaron”.
A propósito de la seguridad del Estadio Nacional, la empresa JCA Security Ltda., cuestionada por sus protocolos de seguridad y por el robo de los tractores, fue contratada inicialmente en el año 2020 por el Instituto Nacional de Deportes, acuerdo que se realizó por trato directo y saltándose la correspondiente licitación que deben realizar todos los entes públicos que requieran de trabajos de empresas privadas. Lo que llama la atención a las asociaciones de funcionarios y dirigentes es que durante enero de este año se renovó el contrato con esta empresa por un monto cercano a los 645 millones de pesos (IVA incluido) y se detalla en el documento que el pago se realizará en doce cuotas iguales y sucesivas por un año, por un monto de $53.747.177. Esta renovación viene luego de que el Instituto Nacional de Deportes y el Ministerio del Deporte fueran cuestionados por una investigación de contraloría, en la cual el ente fiscalizador emitió un informe de auditoría donde se realizaron observaciones a los tratos que el IND ha tenido con la empresa de seguridad JCA desde principios del 2020 hasta la fecha. En la misma línea, funcionarios de ChileDeportes denunciaron en su momento que los guardias de seguridad de la empresa mencionada actúan con formas “matonescas” y agresivas hacia los trabajadores del recinto.
JCA es una empresa con sede principal en Puente Alto y antes de ser contratada por el IND, solo cumplía funciones para la municipalidad de esa comuna, donde se ha visto involucrada en algunas polémicas como la denuncia de estudiantes secundarios a guardias de esta empresa de seguridad, quienes los habrían agredido mientras se mantenían tomados algunos liceos municipales. Además, en el año 2012, el Partido Comunista acusó a funcionarios de JCA Security de haberlos atacado con armas de fuego mientras se efectuaban campañas municipales en ese año.
Vínculos de la empresa de seguridad con el entorno cercano de la ministra
Las salpicaduras por las controversias relacionadas a la empresa de seguridad alcanzan a la ministra Cecilia Pérez y a su círculo más cercano, puesto que una de sus personas de confianza directa, el jefe de Gabinete René Borgna, se desempeñó en el pasado como administrador municipal de la comuna de Puente Alto, como asesor jurídico de la municipalidad y como Secretario General de la Corporación Municipal de Puente Alto. Además, esta comuna contrató desde el 2013 en variadas oportunidades a esta empresa de seguridad, por lo que se han levantado suspicacias por la forma en que ahora el IND y el Ministerio del Deporte han entregado en bandeja la licitación de seguridad para el Estadio Nacional.
Los problemas con esta empresa no paran aquí, pues dirigentes de ANFUCHID denunciaron el día 26 de agosto del 2021 agresiones por parte de los guardias de la empresa antes señalada. Esto se habría producido para evitar el ingreso de los dirigentes Alvaro Muñoz y Yerko Cortés a la sede de la asociación. Al respecto, Muñoz, el presidente nacional de ese entonces, precisó lo siguiente: “Es primera vez que les impiden a los trabajadores ingresar al Estadio Nacional y fue con violencia. Nos echaron y nos empujaron. Esto es la expresión de violencia patronal de mandato de Sofía Rengifo y Cecilia Pérez, por lo que continuaremos con nuestra campaña «No más abusos en el IND»”.
Todas estas irregularidades se suman a las ya existentes y expuestas en el informe de contraloría, el cual también develó que existieron pagos millonarios por montos cercanos a los 166 millones de pesos a Allard Asociados SPA, estudio de arquitectura de Pablo Allard, quien entre 2010 y 2011 fue el coordinador nacional de la reconstrucción de lo que dejó el terremoto del 27 de febrero de 2010. Contraloría aconsejó incluir en el sumario irregularidades que fueron detectadas por la contratación de manera directa de servicios. A eso se suman denuncias por pagos improcedentes y modificaciones de contratos que no se ajustaron a las condiciones establecidas en las bases técnicas, específicamente en el anexo de contrato de Diseño y Construcción Centro de Entrenamiento Hockey Césped del Estadio Nacional.
Devolución de los tractores
Un hecho insólito tuvo lugar el día 12 de marzo cerca de la medianoche. Cuando el encargado de seguridad de turno efectuaba un recorrido en una cuatrimoto propiedad de la empresa JCA Security cerca de las inmediaciones del velódromo, se percató del ingreso de tres camiones de los cuales se bajaba maquinaria pesada, la que en definitiva resultó ser los tractores sustraídos el día 28 de febrero.
“La intención precisamente fue devolver los tractores y la betonera robados. Nosotros ya habíamos denunciado como ANFUCHID lo que estaba pasando en el estadio. Frente a todas las evidencias que circulaban, no les quedó otra que devolver los tractores a la mala. Entendemos que la empresa de seguridad está tratando de deslindar responsabilidades, ya que es inentendible que una empresa a la cual se le paga una millonada, fuera absolutamente de los marcos de mercado, no tuviera antecedentes y no supiera lo que estaba pasando”, indicó Paula Bustamante de ANFUCHID.
La dirigente también explica que “hoy día en el Estadio Nacional hay un cambio de administración, la cual es interina a cargo de Christian Silva del IND, encargado del departamento de recintos deportivos y recreativos (…). El anterior administrador del Estadio Nacional, Roberto Rojas, renunció (…) Felipe Soto, el segundo a bordo, encargado de seguridad y precisamente quien aparece en el informe que presentó la empresa de seguridad, se encuentra suspendido de sus funciones, lo que significa que está sujeto a un sumario administrativo”. Además, recalca que, según las investigaciones que se han podido realizar, esto solo sería la punta del iceberg, pues también se suma a la desaparición de 755 metros de rejas. “Ya sabremos en estricto rigor la naturaleza de todo esto, pero efectivamente esto es un robo a mano armada”, comentó Bustamante.
Las dirigencias esperan seguir teniendo reuniones en los próximos días con el nuevo director nacional del IND Israel Castro. “Esperamos que todo se investigue y no solo administrativamente. Él nos informó que se pusieron todos los antecedentes en manos del Ministerio Público. Esperamos que se hagan valer las responsabilidades penales (…) Todo esto afectó también al patrimonio del estadio y del IND, ya que contraloría encontró problemas en las obras que se están haciendo para Santiago 2023. Si seguimos escarbando, yo creo que podemos encontrar muchas cosas más”, concluyó Bustamante.
Revista Obdulio 