Promesa de Estado Policial: Estadio Seguro y el programa de gobierno de la ultraderecha

Una de las dos candidaturas que disputará la segunda vuelta presidencial chilena es la de José Antonio Kast, líder de la ultraderecha. El programa de su eventual gobierno se basa en la pérdida de libertades personales para preservar el orden y la paz. También empuja un estado policial en todo ámbito, incluyendo en el deporte, donde una de sus principales propuestas es continuar con los proyectos que el gobierno actual ha impulsado, por ejemplo, Estadio Seguro. En este reportaje se evalúan resultados de esta fallida política, los problemas que tiene seguir impulsándola pese a sus documentadas falencias y se mencionan los peligros que representaría en este sentido un futuro gobierno de Kast.

Por Jorge Salvador

La semana pasada, el candidato presidencial de ultraderecha por el Frente Social Cristiano causó distintas impresiones por mantener, luego de modificar su programa, su propuesta de aumentar las atribuciones en el uso de la fuerza estatal, incluso pese a ser directamente interpelado por retrotraer medidas propias de la época de la dictadura ejecutadas por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y su reemplazante, la Central de Inteligencia Nacional (CNI). 

Pese a lo aberrante que a muchas personas le puedan parecer estas declaraciones, también existe una cantidad de votantes (o no) que adhieren a medidas de este tipo. Entre las múltiples causas posibles que no abordaremos acá en detalle, podemos mencionar un elemento que históricamente, no sólo en Chile, ha sido continuamente explotado por grupos conservadores; seguridad, el orden y más ampliamente, el fenómeno de la criminalidad y el delito. Las formas de abordar estas temáticas han sido masivamente más difundidas por los bloques políticos que representan a la derecha mientras que, para ser justos, los sectores de corte más progresistas han descansado en algunos argumentos poco concretos  -aunque válidos-, como la ya conocida fórmula de priorizar las causas del delito y una supuesta prevención que en los hechos no ha sido tal. 

En materia de deporte y “seguridad”, prácticamente una sola disciplina ha logrado que hablemos de ambas: por supuesto, el fútbol, que por su masividad y arraigo en todos los estratos socioeconómicos de la población también es un reflejo de cómo vivimos, sentimos o pensamos nuestra sociedad. Desde el retorno a la democracia en la década de los 90, surgen a lo largo del país distintas fanaticadas bajo la cultura del barrismo que, en distintos momentos hasta hoy, han visto modificado todo el ordenamiento jurídico penal y, entre los esfuerzos por normarlas bajo la promesa de “traer de vuelta la familia a los estadios”, la ofensiva más cuantiosa y vigente ha sido Estadio Seguro.

Estadio Seguro, 10 años de triste fracaso

Durante los gobiernos de Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022) se crearon un conjunto de políticas “seguras” (Estadio Seguro, Aula Segura, Retorno Seguro, entre otras). Con el plan Estadio Seguro, en un principio se prohibieron todos los elementos externos dentro de un estadio, llegando a burdos hechos como retirar a personas que portaran pancartas de papel con mensajes de apoyo. 

Cierto es que el plan ha tenido distintas modificaciones, pero este se caracteriza por sus distintos mecanismos de exclusión y de potestades a la ya existente ley 19.327 (Ley de Violencia en los Estadios), aplicando la prohibición de ingreso bajo la figura del “Derecho de Admisión” (DDA) en dos listas: la 101 con resolución judicial en juzgados de policía local; y la 102, aplicada por los organizadores de los eventos deportivos, o sea, los clubes o Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. Dentro de la multiplicidad de problemas que presentan estas medidas, abordaremos principalmente tres: la criminalización, la vulneración de garantías y sus contraproducentes resultados. 

Criminalización

Hinchas de Universidad de Chile protestan contra Estadio Seguro.

Respecto de la criminalización, los derechos de admisión han sido aplicados unilateralmente a personas que pertenecen a las barras o son simpatizantes de los equipos. No se conocen registros de dirigentes que hayan incitado a la violencia o no hayan cumplido sus responsabilidades para con el espectáculo deportivo. Tampoco su ejercicio ha llegado a policías por procedimientos irregulares -entre otros posibles motivos-, por lo cual estamos en condiciones de afirmar que es claramente selectiva y segregadora. No es necesario, tampoco, mencionar que muy presumiblemente la enorme mayoría son aplicados a personas que asisten a la galería o acceden a la entrada más barata. Por otra parte, la prohibición de elementos característicos de las barras como bombos, lienzos, instrumentos o artificio se ha aplicado sin ningún sustento en su correlación con la ocurrencia de delitos. Dicho de otra forma, se busca homologar los códigos culturales e identitarios de las barras con el aumento de crímenes, cuestión que en los hechos no es así. 

Por último, y a consecuencia de lo anterior, las policías (aunque también medios de prensa y representantes políticos) comprenden su rol bajo estas directrices, alimentando una suerte de doctrina que ve en el fanatismo con los códigos del barrismo algo inaceptable de por sí. El asesinato de personas con estas características (como Jonathan Ruiz o Jorge Mora) a manos de Carabineros es la más dura expresión del rol y doctrina que diferencia a personas como ciudadanos y ciudadanas con plenos derechos de las personas que viven los códigos de barra, sobre quienes se ejerce toda la violencia física y simbólica que, a entender de los y las que la aplican, se merecen.

Vulneración de garantías

El plan Estadio Seguro posee una particular forma de castigo: el derecho de admisión. Las empresas dueñas de los clubes deben aplicar prohibición por determinados periodos a quienes incurran en delitos y/o faltas. Sin embargo, la calidad de estas faltas es totalmente discrecional, llegando a distorsiones como un centímetro más de bandera. En general, las acusaciones que hace la ANFP mediante Carabineros, o bien las sociedades anónimas, no tienen criterios establecidos e inclusive han sido utilizadas para la exclusión de agrupaciones contrarias a las concesionarias de los clubes, quienes luego son las que deben dirimir si existirá apelación. Desde un punto de vista del debido proceso y las garantías de las personas, esto es injusto e inquisitivo. En otras palabras, quien te acusa luego es responsable de absolverte (en el mejor de los casos). Impera en los DDA la arbitrariedad de los clubes con métodos de resolución carentes de transparencia, y el efecto es el mismo que se obtiene si se analizan otras medidas de este tipo como la “Agenda Corta Antidelincuencia”: gran cantidad de cuestionables procedimientos a costa de las libertades civiles.    

Debemos lamentar también la enorme serie de irregularidades en los procedimientos policiales, principalmente en los ingresos a los recintos deportivos, con diversos vejámenes y malos tratos registrados y documentados en que la población asistente es víctima. De esto además rescatamos los datos entregados por el observatorio jurídico de la Asociación de Hinchas Azules (2014) quienes a partir de observaciones que buscaban vulneraciones de derechos a niños, niñas y adolescentes (NNA) en distintos estadios y sus inmediaciones publicaron los siguientes resultados:

Situaciones de vulneración de derechos NNA registradasDerechos vulnerados según la Convención sobre los Derechos del Niño. UNICEF, (1990)
Detenciones arbitrarias e injustificadas. Artículo 2. No discriminación.
Negación de información a personas detenidasArtículo 6. Supervivencia y desarrollo.
Trato vejatorio y humillante a personas detenidas.Artículo 19. Protección contra los malos tratos.
Irregularidades en el proceso de detención.Artículo 31. Esparcimiento, juego y actividades culturales.
Revisiones exhaustivas: desnudamientos, tocaciones exhaustivas llegando inclusive a zonas genitales.Artículo 34. Explotación sexual.
Hostigamiento y tratos vejatorios en los accesos.Artículo 37. Tortura y privación de libertad.
Uso desproporcionado de la fuerza. 
Artículo 40. Administración de la justicia de menores.
Violencia física y verbal, provocaciones e insultos haciendo alusión a características físicas, sociales, económicas, sexuales y raciales. 
Uso desproporcionado de gases lacrimógenos y elementos disuasivos. 
Tortura individual y colectiva, situaciones que ponen en peligro la salud y la vida de la masa, incluyendo NNA, con la clara intención de intimidar y causar miedo.
Tabla construida con datos entregados por Yerko Bassa, quien trabajó en el proyecto descrito. Elaboración propia con aquella información. También publicada dentro del reportaje referenciado en la segunda nota al pie.

Contraproducentes resultados

No menos importante es reconocer que efectivamente existen elementos violentos dentro de las barras que eventualmente pueden devenir en faltas, delitos y crímenes. Sin embargo, Estadio Seguro no aborda el problema de la violencia en el fútbol de una manera integral, es decir, partiendo de los elementos que permiten la existencia de la violencia. Tanto fanaticadas de todos los sectores como el periodismo deportivo, los cuerpos técnicos, dirigentes y jugadores reproducen continuamente prácticas que refuerzan este estado de cosas. Más aún, las barras son las únicas señaladas, al punto de estar prohibido que las concesionarias o clubes mantengan contactos con ellas, cuestión que, si bien tienen una razón de ser (principalmente evitar incentivos a grupos que se arroguen la representación de las barras mediante estímulos como entradas), solo ayuda a perpetuar la frontera artificiosa entre supuestos irracionales y espectadores.

Por otra parte, los episodios que han alterado el correcto desarrollo de un partido o las tasas de delitos/faltas tampoco han disminuido desde su aplicación. Como respuesta a esto, se ha intentado responsabilizar a las concesionarias de la seguridad mediante la contratación de guardias privados, de quienes desconocemos su formación y habilidades para enfrentar situaciones complejas. También hemos visto cuerpos parapoliciales, de quienes tenemos las mismas interrogantes, aunque añadiendo -para peor- la duda sobre sus atribuciones en el uso de la fuerza. En general, la intervención de la policía es un factor que ha tendido a aumentar la conflictividad de las barras y, lejos de ayudar, la creación de nuevos cuerpos tiende a reforzar la poca legitimidad sobre sus procedimientos y fines.

Grupos de apoyo a Carabineros durante incidentes entre el partido Inter vs Universidad de Chile (2020).

El Programa de Jose Antonio Kast: la promesa de un Estado Policial

El candidato de la ultraderecha ha tenido dos programas de gobierno. Es en el primero, del cual luego reculó, donde hace menciones explícitas a las barras, aunque como expusimos en el inicio de este reportaje, aún sostiene una de las propuestas más aterradoras:

“Ampliación en las atribuciones del Estado de Emergencia. En aras de convertir este régimen excepcional en una herramienta eficaz de control en casos de grave alteración del orden público o daño a la seguridad de la nación, el Presidente de la República debe tener la facultad, junto con restringir libertades de locomoción y reunión, de interceptar, abrir o registrar documentos, y toda clase de comunicaciones y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que no sean cárceles ni estén destinadas a la detención.

Páginas 28-29 del primer programa. Las negritas son originales del documento.


47. En tales circunstancias, el Presidente de la República deberá otorgar a Carabineros y Fuerzas Armadas todas las herramientas necesarias para el restablecimiento del orden público, a fin de evitar situaciones similares a lo ocurrido después del 18 de octubre de 2019 o del terremoto de febrero de 2010”.

Páginas 28-29 del primer programa. Las negritas son originales del documento.


De forma clara y evidente, esto atenta contra todas las libertades civiles y pone en serio riesgo la posibilidad de aspirar a una sociedad respetuosa de los Derechos Humanos. También menciona el uso de lugares que no sean prisiones para albergar posibles detenciones, como lo fueron algunos estadios durante la dictadura cívico-militar. No contento con aquellas formas de abordar el orden público, sobre las hinchadas hace las siguientes menciones:

“ (…) Proponemos la capacitación masiva de nuestras policías en el uso de tecnologías como el Big Data y el reconocimiento biométrico para el combate a la delincuencia, narcotráfico, barras bravas y terrorismo”.

Página 25, primer programa.


“48. Las barras bravas deben ser declaradas organizaciones ilícitas. Para efectos de impedir sus actividades criminales, además, se sancionará a todos aquellos directivos de clubes que las financian, sea de manera directa o indirecta. Se sancionará, de igual manera, todos los delitos, faltas e infracciones cometidas por cualquier persona con ocasión de un espectáculo de fútbol profesional, sea en el interior del recinto deportivo o en sus inmediaciones. Asimismo, se aplicará a todos los hechos y circunstancias conexas a dicho espectáculo y, especialmente, a los ejecutados en el transcurso de entrenamientos, animaciones previas, celebraciones, venta de entradas, uso de los servicios de transporte público remunerado de pasajeros y desplazamientos de los equipos, de los asistentes, de los medios de comunicación y otros intervinientes a los recintos deportivos y lugares de concentración, anteriores o posteriores a un evento deportivo, que tengan como motivo o causa principal los espectáculos antes referidos. Esto se concretará modificando la “Ley de Violencia en los Estadios”.

Página 29, primer programa. Las negritas son propias.


No contento con reforzar aún más la tesis de que las barras son delictivas en sí mismas, luego pretende aplicarles una suerte de proscripción mediante la ley, atribuyéndole “actividades criminales” no acreditadas ni debidamente documentadas. Si bien es cierto que Estadio Seguro ha sido en la práctica algo próximo a estas propuestas, buscar declarar a estos grupos como asociaciones ilícitas puede escalar el problema de la violencia en forma sustancial mientras que como política pública es de probada ineficiencia, pues la prohibición legal no inhibe necesariamente de realizar aquello que se busca eliminar. Este enfoque se enfrentaría además a tener que tipificar la distinción entre una barra, simpatizante, espectador o espectadora y barras bravas, definiciones en las cuales no existe un consenso claro a día de hoy, lo que hace válida la sospecha de aumentar aún más la ya terrible discrecionalidad en el uso de estas posibles atribuciones.  

Archivo Histórico Estadio Nacional durante la dictadura cívico-militar.

El “nuevo” programa

Los párrafos acá tratados no figuran dentro del segundo programa presidencial del candidato. Sin embargo, es la seguridad y el orden el pilar fundamental de toda su propuesta, la razón de ser de su gobierno y donde se enfocarían la mayor parte de los esfuerzos. Aunque matiza propuestas en otros ámbitos, en su versión reciente (que es considerablemente más breve) no entrega tantas medidas como sí directrices sobre las propuestas a ejecutar concretamente. Estas refieren a una defensa irrestricta a Carabineros y Fuerzas Armadas, deja abierta la posibilidad de crear nuevas policías, propone aumentar los gastos y beneficios para estos estamentos y, por si fuera poco, propone una reinterpretación de las normas internacionales tanto en los tratados suscritos por Chile como de la definición de DD.HH. En resumidas cuentas, propone:  

“Necesitamos un Gobierno que ponga a la seguridad como primera prioridad. Pero no solo en los dichos, sino que en los hechos. Un gobierno debe estar dispuesto a tomar medidas difíciles y a veces radicales, con el fin de enfrentar situaciones tan extremas como el progresivo aumento de la delincuencia en el país, y así devolverles a los chilenos su libertad (…) Lo primero que hay que hacer es darle un respaldo total y absoluto a las fuerzas de Orden y Seguridad de Chile”.   

Página 3, nuevo programa.


Aunque en esta versión no hace referencia alguna al plan Estadio Seguro ni a las barras (bravas o no), es legítima la hipótesis que dice que, al igual que durante los gobiernos de Piñera, estas serán un tubo de ensayo de sus políticas públicas en lo que respecta a orden y criminalidad. En Chile estadísticamente se encarcela la pobreza; el aumento de herramientas y atribuciones (legales o no) para perseguir delitos ha ido única y exclusivamente enfocado a sectores bien demarcados de la sociedad, coartando tanto la presunción de inocencia de la inmensa mayoría como al genuino deseo de vivir en tranquilidad. Las barras son un actor más de la sociedad que desde sus orígenes han sido condenadas por sus maneras de ser. Hoy muchos y muchas corremos el riesgo de persecución por quienes -está documentado- han asesinado, torturado y cometido las peores aberraciones dentro de un estadio. 

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