Durante al menos un año, el Estadio Fiscal de Punta Arenas fue utilizado como un centro de detención y tortura por la dictadura de Augusto Pinochet. Así como el Estadio Nacional, muchos otros recintos deportivos fueron utilizados como prisiones políticas por el gobierno militar. Y, a través de la historia del recinto magallánico, es posible recorrer el establecimiento de la dictadura y el avance de la memoria en aquella región, la más austral del país.
Por María Torres.
El 13 de diciembre de 1973, a un poco más de dos meses de instalado el gobierno dictatorial de Augusto Pinochet, la Cruz Roja Internacional, en el marco de una investigación que desarrollaba en Chile para observar las condiciones de las y los presos políticos de la dictadura, visitó el Estadio Fiscal de Punta Arenas. El organismo internacional notificó 38 detenidos en condiciones que declaró como buenas. Aquellas 38 personas fueron algunas de las miles que transitaron como detenidas por causas políticas por distintos centros deportivos. La dictadura, en su afán de controlar el contexto político tras el golpe de Estado con el que habían derrocado al presidente Salvador Allende el 11 de septiembre, instaló masivos centros de detención política en todo el país.
Mientras funcionó como prisión, el Estadio Fiscal dependía de la Fuerza Aérea Chilena y estaba a cargo del Teniente Jaime Allende (O Alliende, no hay certeza absoluta con respecto a la grafía de su apellido). No hay registros oficiales del período de funcionamiento como centro de detención ni de la cantidad exacta de personas que por allí transitaron. Desde el Observatorio de la Memoria y Derechos Humanos de Magallanes, no obstante, confirman que al menos 50 personas estuvieron detenidas allí entre principios de diciembre de 1973 y finales de diciembre de 1974. Otras estimaciones se refieren a más de un centenar de detenidos, pero 50 es, a juicio de Iván González, director de la organización, “una certeza de la que existen pruebas”.
El Estadio Fiscal fue, en Magallanes, un centro de detención de largo plazo para prisioneros “hombres y no solamente mayores de edad”, explica González. Las obras del recinto habían sido entregadas a la comunidad tan solo un año antes por el gobierno de Salvador Allende, pero su entrega no significaba que todos los trabajos estuvieran finalizados. De hecho, los presos políticos se vieron sometidos, además de a torturas, a trabajos forzados para terminar la obra, construyendo, en la práctica, su propia prisión. Otro de los castigos mencionados en los testimonios de sobrevivientes era el pasar la noche sin ningún tipo de abrigo en un foso al aire libre, el que durante las noches invernales era todavía más frío que de costumbre. El estadio no contaba con celdas de castigo indicadas como tal; el foso cumplía con ese papel.
La dictadura de Pinochet en Magallanes
Para entender el rol del Estadio Fiscal dentro de la estructura de centros de detención de la dictadura en la región más austral de Chile, es necesario contextualizar cómo se estableció la institucionalidad durante aquel período en ese territorio. “Aquí en Punta Arenas -explica González- hubo una junta provincial paralela, toda una estructura conformada por la Fuerza Aérea de Chile (FACh), la armada y el ejército que trabajó de manera paralela a lo que fue la junta nacional. A esa estructura se le llamó «Junta Provincial de Gobierno» en la que fueron divididas las responsabilidades de las distintas fuerzas armadas. Por eso es que aparecen recintos en Punta Arenas bajo la responsabilidad puntual de una rama”. Otro punto importante, menciona, es que en esa región no existió la Dirección de Inteligencia Nacional (conocida como DINA, uno de los órganos represores por excelencia de la dictadura y que sería luego reemplazada por la CNI), sino que estaba el Servicio de Inteligencia de la Región Militar Austral (SIRMA), dependiente del Jefe de Zona de Estado de Emergencia de MagalIanes y que agrupaba a las direcciones de inteligencia de Carabineros, militar, de la Fuerza Aérea y de la armada. Una estructura muy bien planificada y de la que José Manuel Torres de la Cruz -quien sería posteriormente intendente- era el principal jerarca.
El Estadio era un centro más de la red de recintos de detención y tortura que manejaba la dictadura en la región. Cumplía un rol similar a la también tristemente célebre Isla Dawson: recintos de detención de largo plazo. También tenían este papel el regimiento Pudeto, Cochrane y la base aérea de Bahía Catalina, entre otros. Esto no significaba que allí no se torturara: en el caso mismo del Estadio Fiscal, las torturas y trabajo forzados eran un invitado habitual. No obstante, estos tormentos no tenían otro fin más allá del ablandamiento y quebrantamiento psicológico. Los interrogatorios y torturas se llevaban a cabo en otros recintos, dentro de los cuales los más nombrados son el ex Hospital Naval, hoy Casa de los Derechos Humanos, y la ex Casa del Deportista, un anexo que tenía el SIRMA y que fue demolido para construir el lujoso hotel casino Dreams, ubicado frente al Estrecho de Magallanes. A estos lugares llegaban personas detenidas de todos los centros de detención de largo plazo para ser torturados por el SIRMA con fines de inteligencia, pero estos recintos no contaban con centros de residencia de mediano plazo, por lo que luego de las torturas eran devueltos a centros de detención permanente. No necesariamente el mismo del que habían llegado, claro está: la rotación entre centros era parte también del ablandamiento psicológico ejercido por la estructura de tortura estatal.
La Memoria en Punta Arenas
La institucionalidad a cargo de aplicar torturas y tormentos en la región era fuerte, pero eso no se traduce en que hoy la estructura a cargo de la memoria lo sea. En lo que era la Casa del Deportista, hoy el Casino Dreams, no hay un solo recuerdo de lo allí ocurrido durante la dictadura. Según cuenta González, ni siquiera una placa rememora lo que ocurrió en ese espacio hace casi 50 años. Similar, aunque no igual, fue el caso de la Casa de los Derechos Humanos: en 2020, un incendio -acusado de intencional por dirigentes y organizaciones de la zona, acusaciones que peritajes de bomberos habrían confirmado– causó enormes daños al recinto y al empuje de la memoria en la región. Esta desprotección también se observa en el caso del Estadio Fiscal: sin todavía ser nombrado monumento nacional, solo hace algunos años se logró instalar cerca de los camarines un monolito con una placa que recordaba lo ocurrido.
La elección del lugar del emplazamiento de aquel monolito y aquella placa no fue antojadizo. Los camarines, cuentan quienes sobrevivieron a su detención allí, guardan una tremenda importancia en sus relatos e historias. Era ahí donde pasaban la mayor parte del tiempo, pues era el lugar destinado para su detención. Los camarines están ubicados muy cerca de la parte trasera del estadio, la que colinda con la avenida Bulnes -una de las avenidas principales de Punta Arenas-, y era allí, en la salida del estadio, donde sus familias se asentaban esperando alguna noticia o tener la suerte de verlos pasar durante sus entradas o salidas, y recuerdan ellos que durante esas salidas algunas veces pudieron reconocer una voz o una silueta de quienes los estaban esperando a las afueras. Es, además, la zona que más intacta se ha mantenido en estos 48 años: “si le tomas una foto al camarín, es exactamente igual a como era en la época”, dice González.
La placa que registraba los horrores de la dictadura en ese lugar, no obstante, hoy no existe: el lugar fue otro de los puntos vandalizados durante la serie de ataques a sitios de memoria. La placa fue robada y no ha sido repuesta. Y, a juicio de González, parte de la culpa sobre el abandono a la memoria en la región recae en las autoridades porque, mientras las agrupaciones han batallado mucho para ser escuchadas y visibilizadas, “es muy pobre la voluntad política y las ayudas hacia las agrupaciones son precarias”. Por ejemplo, el proyecto que contemplaba demoler la Casa del Deportista para construir en su lugar el hotel Dreams en el año 2002 no tuvo resistencia alguna. No fue así con los proyectos que contemplaban remodelar el Estadio Fiscal hace algunos años y que, tras una larga batalla, se pudo conseguir que la autoridad diera pie atrás. Gracias a eso, a aquella lucha, la zona de camarines se ha mantenido prácticamente intacta, lo que abre nuevas posibilidades para el desarrollo de la memoria. Por ejemplo, otros recintos de detención han recuperado de muros y paredes los tallados y grabados que las personas detenidas dejaban a su paso. Según testimonios, estas marcas también están en los camarines del Estadio Fiscal. “La única intervención que tienen aquellas paredes es pintura -detalla González- y los detenidos mencionan que éstas estaban completamente talladas por ellos, dejando fechas, contando días, grabando sus propios nombres”.
Pero hay también esperanza: la explosión tecnológica ha permitido que las organizaciones que protegen la memoria en una región extrema como Magallanes puedan generar redes y vincularse con otras que han vivido situaciones similares en otros territorios. También se ha visto un incremento en el interés de la ciudadanía, a juicio de González, por el respeto y la cultura de Derechos Humanos, algo que no ocurría hace 15 o 20 años. “En los últimos años, el tema de Derechos Humanos está posicionado. Pero eso no fue por voluntad política de las autoridades, sino que ha sido producto de las acciones que ha tenido Chile para que el tema de Derechos Humanos exista. Pero aquí, en Magallanes, simplemente han sido autoridades individuales, no es una política pública”, cierra.
Revista Obdulio 