El fútbol femenino chileno está haciendo historia por partida doble. Mientras en Tokio la selección nacional disputó sus primeros Juegos Olímpicos, en tribunales se interpuso la primera demanda en contra de un club (Everton) debido a las condiciones laborales en que estos mantienen a sus jugadoras profesionales. Trabajo sin remuneración e incluso la amenaza de sanciones si hablaban con la prensa sin avisarle al club, son algunos de los antecedentes que le fueron notificados al club de Viña del Mar durante esta semana.
El fútbol femenino chileno hizo historia durante esta semana con su primera participación en juegos olímpicos. Algo paradojal a lo que se observa en el campeonato nacional, donde la precariedad es casi absoluta. Es, de hecho, lo que reveló la demanda a Everton de Viña del Mar hecha por cuatro ex jugadoras y que fue notificada al club durante esta semana a la que se puede acceder de manera pública a través del sitio del poder judicial: condiciones que están muy lejos de lo que se considerarían como las básicas para desarrollar un trabajo de manera digna.
Porque lo que se comunica en la demanda no es más que eso: la constatación de que las jugadoras de fútbol femenino no son consideradas como trabajadoras. Algo que resuena todavía más cuando se las compara con las condiciones del fútbol masculino, quienes no siempre son considerados como trabajadores por el ambiente del fútbol, pero definitivamente se desenvuelven en una situación de privilegio en comparación con sus compañeras.
Pese a que los hechos narrados en la demanda no son exclusivos de estas jugadoras -es más, se puede decir que en Chile están más cerca de la norma de que de la excepción-, esta es la primera acción judicial que se interpone en contra de un club al respecto. En este sentido, un fallo favorable podría repercutir en todo el ecosistema del fútbol femenino chileno, pues habría una sentencia que reconoce el carácter de trabajadoras de las futbolistas demandantes y que podría implicar el reconocimiento de todas aquellas jugadoras que se encuentran en las mismas condiciones que ellas pero aún no han demandado a sus respectivos clubes.
A saber, la demanda pretende que se declare que existe relación laboral entre las jugadoras demandantes y Everton, además de dejar explícito que el no reconocimiento de la relación es un acto de discriminación y precarización de acuerdo a la legislación vigente. En particular, la demanda notifica que el club vulnera dos derechos de las jugadoras: el derecho a la igualdad y no discriminación, y el derecho a la libertad de trabajo.
“A través de esta acción judicial buscamos que se declare la relación laboral que existiría entre el club y las jugadoras”, expresó Natalia Bravo, abogada patrocinante. “Además, la acción es acompañada por la solicitud de que se declare que las condiciones en que se ejerce este trabajo son discriminatorias en relación a la misma actividad desempeñada por el plantel masculino profesional”, cerró Bravo
Con respecto al primer derecho, la acción judicial argumenta que existe vínculo laboral, y que por tanto las jugadoras son profesionales por una serie de razones que solo ilustran las irregularidades a las que se ven enfrentadas las jugadoras de fútbol en Chile. Según los antecedentes presentados, las jugadoras hasta 2016 recibían un pago de parte del club, el que se hacía en efectivo. Posterior a esa fecha, dejaron de recibir dinero a cambio de la entrega de departamentos en arriendo, indumentaria deportiva y alimentación. No obstante, sí tenían responsabilidades que asemejaban a las que tiene una persona trabajadora del deporte con su empleador, como jornadas laborales, sanciones por inasistencia o entrenamientos por modalidad zoom durante la pandemia. Las obligaciones y restricciones no se detenían allí, pues incluso no podían hablar libremente con la prensa: todas las declaraciones debían pasar por el área de comunicaciones del club. En caso de no cumplir con alguna de las exigencias, eran sancionadas.
Ante las evidentes faltas de las que eran víctimas por parte del club, las jugadoras iniciaron los procesos de consulta pertinentes, a lo que el club les dijo que no era posible remunerarlas por su trabajo. Tras esto, las jugadoras decidieron paralizar sus funciones, siendo despedidas al cabo de dos días de movilización. “No toleraremos actos de indisciplina”, les dijeron desde el club.
Es en este momento en el que se comienza a vulnerar el derecho a la libertad de trabajo de las jugadoras, pues, pese a haber sido despedidas, Everton sigue manteniendo sus pases, por lo que no tienen libertad de acción para poder fichar por otro club en la temporada 2021.
En el fútbol chileno profesional femenino, según las reglas y normativas de la ANFP, los clubes pueden retener los pases de las jugadoras hasta por un año, privándolas de realizar la actividad profesional de futbolista, e incluso de la posibilidad de entrenar. Reteniendo el pase de las jugadoras, Everton vulnera su derecho a libertad de trabajo, el que está consagrado en la actual Constitución (Artículo 19, inciso 16: “toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución”).
Las deportistas están siendo apoyadas por la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF). Además, el Sindicato Interempresa de Futbolistas Profesionales de Chile (SIFUP) y el Sindicato Mundial de Futbolistas (FIFPro) han manifestado y extendido su respaldo a las jugadoras.
Revista Obdulio 