Organizaciones sociales entregan bases para el deporte en la constitución

La discusión sobre la incorporación del deporte en la nueva constitución no comenzó con la instalación de la Convención Constitucional, sino que desde bastante tiempo antes. A inicios de 2021, el Movimiento 15 de agosto convocó a un Encuentro nacional de organizaciones de hinchas en el que se discutieron y definieron lineamientos sobre el deporte y el rol del Estado al respecto.

Mientras avanza la discusión constituyente en Chile y se pone en el debate el tema del deporte como derecho constitucional, cabe preguntarse si lo que se discutirá en la Convención Constitucional y se propone a quienes participan de ella está en línea con lo que las distintas comunidades han venido promoviendo y levantando desde antes, incluso, que se iniciara la revuelta popular de octubre de 2019. Hace algunos días, por ejemplo, se entregó a constituyentes una declaración desde organizaciones sociales y deportivas (más de 130 firmantes) para que el deporte, la actividad física y la cultura corporal sean reconocidas como un derecho en la nueva carta magna.

En este sentido, es relevante analizar lo discutido hace algunos meses en el “Encuentro nacional de organizaciones de hinchas en el marco del proceso constituyente”, convocado por el Movimiento 15 de agosto, organización de hinchas de Santiago Wanderers. “Establecer entre distintas organizaciones de hinchas de clubes del fútbol profesional chileno posiciones representativas en relación a la organización política del país, al deporte y al fútbol, de cara al proceso constituyente”, explicitaba como objetivo la invitación que recibieron numerosas organizaciones de hinchas ligadas a clubes que se dieron cita hace algunas semanas. En el evento participaron finalmente organizaciones de San Luis de Quillota (Agrupación San Luis de sus hinchas), Deportes Concepción (Felinas), Ñublense (Movimiento Autónomo Ñublenses de Esfuerzo y Valor), Colo-Colo (Antifascistas de la Garra Blanca y Colo Colo de Todos), Everton (Agrupación de Acción Evertoniana) y Santiago Wanderers (Movimiento 15 de agosto). 

El encuentro contempló la discusión del deporte en ámbitos constitucionales con respecto a tres temas generales: el rol del Estado como garante de derechos y los alcances del deporte como un derecho fundamental; el concepto de deporte y el rol que el Estado debería tomar con respecto al hipotético derecho al deporte; y la incidencia de este proceso en la administración del fútbol profesional. Cada uno de estos temas se discutió en mesas particulares, en las que representantes de cada organización pudieron poner sus puntos de vista e identificar si existían consensos, los que, de existir, podrían funcionar como piedra de base para futuros procesos articulatorios, los que todavía no se han definido. 

Quizás algunos de los elementos más importantes es que hubo consensos orgánicos en relación a la mayoría de los temas, pese a la existencia también de matices con respecto a algunos elementos dependiendo de las particularidades entre los puntos de vista de las distintas organizaciones. Estos consensos son relevantes pues las organizaciones que los alcanzaron cubren no solo amplios y diversos territorios, sino que también representan a comunidades numerosas que muchas veces son invisibilizadas por el discurso mediático tradicional.

En el rol del Estado, por ejemplo, todas las organizaciones participantes estuvieron de acuerdo en la posición de que el Estado debe ser garante de derechos y que el proceso constitucional es una oportunidad de que esto suceda, dejando de lado la subsidiariedad actual. Uno de los matices existentes fue la necesidad de que el Estado fuera fiscalizador de iniciativas privadas que pudieran conflictuar con los derechos garantizados constitucionalmente. Asimismo, el deporte fue considerado por todas las organizaciones presentes como un derecho que debería tener nivel constitucional. No obstante, existieron diferencias sobre la forma en que este derecho debería ser garantizado. Las dos corrientes principales tendían a ver el derecho al deporte como una garantía constitucional explícita y específica, o al deporte como parte relevante de muchos otros derechos que también estarán garantizados, como vivienda, salud o educación, por ejemplo. Aquella divergencia se basa principalmente en la concepción de deporte que tienen las organizaciones: un fenómeno sociocultural, político y formativo y que, en su amplitud, se entrecruza con una serie de otros derechos e incluso para ciertos grupos con el ocio y la recreación. En este sentido, un Estado garante de este derecho debiera estar activamente fomentando y otorgando la infraestructura y recursos adecuados para un desarrollo integral del deporte a todo nivel, un deporte que es fenómeno sociocultural, no algo meramente competitivo. Esta garantía debiera realizarse, consideran las organizaciones, contemplando también la necesaria descentralización de su desarrollo y práctica.

Es quizás dentro de lo más relevante que se puede desprender de lo anterior el que el deporte es un concepto en disputa. Como se ha mencionado desde distintas tribunas, hoy lo que se entiende por deporte en Chile es aquello que ha sido definido con las reglas y conceptos de la derecha económica y política: neoliberal, patriarcal, competitivo, explotador. La redefinición de deporte y la incorporación de distintas lógicas que pueden tener variadas repercusiones -por ejemplo, en los modelos de administración de los clubes- sería no solo un cambio que influencie lo que conocemos hoy por deporte, sino que algo necesario en este proceso transformador de las lógicas comunitarias del país. En este sentido, las definiciones a las que llegaron las organizaciones antes nombradas en este encuentro de características inéditas debieran servir de guía o, al menos, como insumo para quienes se encuentran hoy redactando la que, se espera, sea la constitución de un país más justo y en el que todos y todas tengan cabida.

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