No se cayó, lo empujaron.
Las imágenes de un adolescente boca abajo en el lecho del río Mapocho nos recuerdan los momentos más tenebrosos de nuestra historia, cuando Carabineros colaboraba activamente con la dictadura militar a desaparecer a quienes luchaban contra del régimen de Pinochet. Hoy, 40 años después de la asunción del primer presidente “democrático” tras el fin de la dictadura cívico-militar chilena, vemos que las cosas parecen no haber cambiado tanto. No es de extrañar: en el gobierno actual hay ministros que fueron alcaldes designados durante la dictadura, fundadores de partidos que querían mantener a toda costa al régimen sanguinario de Augusto Pinochet, carabineros que decidieron ingresar a la institución durante los 17 años de masacre, y numerosos apologistas de las violaciones a los Derechos Humanos que ocurrieron durante aquella época. ¿Qué puede esperarse en términos de control, si el ministro del Interior, a quien responden las policías del país, fue el alcalde designado por Augusto Pinochet de la comuna de Los Ángeles entre 1981 y 1987?
Los vídeos son claros y las imágenes obtenidas por distintos medios, elocuentes. Con distintos medios, no obstante, nos referimos a medios internacionales y alternativos, pues la cobertura que han hecho los canales, diarios y radios hegemónicas ha sido vergonzosa. Incluso parlamentarios y parlamentarias oficialistas (y filofascistas, como José Antoni Kast) han hecho eco de esta mala cobertura, presentando como ciertos, vídeos adulterados.
“Se cayó” y “se lanzó” han sido las frases preferidas por la prensa establecida para cubrir el criminal acto de Carabineros el día de ayer, quienes, además, han replicado sin cuestionamientos las versiones oficiales entregadas por la institución acusada. Pero no cayó solo, y lo que hizo la policía no solo fue empujar a un joven y dejarlo con graves lesiones (incluidas las fracturas de sus dos muñecas), sino que además encubrir con declaraciones contradictorias y escapar del lugar sin prestar primeros auxilios. De nada de esto nos hubiéramos enterado si solo siguiéramos las voces oficiales y establecidas; la verdad salió a la luz gracias a testigos y medios de prensa alternativos. El frágil derecho a la Comunicación que existe en Chile se mantiene en quienes se han visto obligados por la enorme concentración informativa al mostrar voces disidentes.
¿Puede sorprendernos el actuar de Carabineros? Para nada. Hemos visto constantemente, y mucho antes del 18 de octubre, que las policías cumplen funciones de servicio para el poder establecido y se presentan en toda su brutalidad contra los grupos marginalizados. En las poblaciones o al ingreso en los estadios, por ejemplo, es norma que carabineros golpeen primero y pregunten después, si es que se dignan a preguntar.
¿Puede mantenerse una policía sin ningún tipo de control político? ¿Una policía que debería no ser deliberante, pero que en la práctica funciona como control de adversarios ideológicos? ¿Una policía que, aún confrontada a la evidencia, decide contradecirse y encubrir a sus miembros una y otra vez? ¿Una policía que violenta los derechos humanos de la población a la que juró proteger? Esto, que es aplicable a lo ocurrido ayer en Santiago, tiene muchos otros ejemplos: las reacciones contra manifestaciones de camioneros y el rechazo, encubrimientos por violencia intrafamiliar, la mantención en el cargo de Mario Rozas tras las numerosas violaciones a los Derechos Humanos ocurridas desde octubre, los millonarios desfalcos y casos de corrupción, Jorge Mora, Fabiola Campillai, Camilo Catrillanca. No son hechos aislados, es la institucionalización de la impunidad y la conservación de políticas represivas, cuyo origen es la dictadura, dentro de las fuerzas policiales. Y el hecho de que no se quiera o no se pueda poner control desde el poder político es una señal de lo frágil que es también el Estado de Derecho chileno.
Hoy, que mucho se habla sobre la unidad política para derrotar a la derecha, pareciera aflorar que aquella unidad que se busca es solamente instrumental y que los mínimos ideológicos no alcanzan para condenar y juzgar a quienes, con las armas del Estado, han asesinado al pueblo chileno incluso en democracia. Así ocurrió con el acuerdo de octubre, con el que se acallaron todas las críticas a un gobierno que violó Derechos Humanos según cuatro informes nacionales e internacionales de organizaciones independientes. Esperamos que lo mismo no vuelva a suceder hoy.
Revista Obdulio 