Por Felipe Leal González
Miembro del Centro de Estudios Sociales y Políticos del CSD Colo Colo
La Ley Nº 20.019 de Sociedades Anónimas Deportivase Profesionales (SADP), promulgada el año 2005, permitió que capitales privados administraran clubes deportivos dirigidos por corporaciones sin fines de lucro, en contexto de grandes deudas en los clubes. A 15 años de su implementación, las SADP no han cumplido las expectativas y tampoco han dejado ajeno al Estado de los problemas administrativos en sus gestiones. Han sido las “voluntades políticas” y la billetera fiscal las que han mantenido con vida al “fútbol-empresa”. Entonces, cabe preguntarse: ¿han sabido resolver las SADP sus problemas de recursos y cumplir con las expectativas de ser instituciones autónomas al Estado?
Más allá de breves períodos de éxito deportivo, ninguna SADP, hasta la fecha, ha logrado saldar las deudas de sus clubes. En el caso a caso, sMás allá de breves períodos de éxito deportivo, ninguna SADP, hasta la fecha, ha logrado saldar las deudas de sus clubes. En el caso a caso, solamente encontraremos pérdidas. En Colo-Colo, Blanco y Negro S.A. (ByN) solo reportó ganancias a finales de 2006. En U. de Chile, Azul-Azul (AA) solo presentó números azules en los años cercanos a la campaña de 2011. En Santiago Wanderers (SW), Joya del Pacifico S.A. reportó ganancias solo el año 2013 y 2018, año de la operación CDF-Turner. Incluso hubo una catástrofe económica: Deportes Concepción, en donde Fuerza, Garra y Corazón SADP se involucró en un fraude bancario, dejando al club desafiliado de la ANFP el año 2015.
Fuera del medio “interno”, los gerentes han protagonizado conflictos políticos, como la polémica de AA y ByN en 2012 por denuncias de asociación ilícita con grupos de barras bravas de sus respectivos clubes. El Estado tuvo que poner en marcha la tramitación de la Ley Nº 20.620 de Estadio Seguro, que terminó criminalizando a las hinchadas en los estadios, sin sanciones a las SADP.
Tampoco podemos negar los polémicos fraudes que han protagonizado. 2015 fue coronado como el año del escándalo financiero en el fútbol. Por un lado, la investigación por corrupción al interior de la FIFA y la Conmebol -en la que estuvo involucrada la ANFP y su expresidente Sergio Jadue- que sacó a la luz varios arreglos económicos al interior del fútbol nacional y entre los clubes del profesionalismo.
También se encuentra el recordado “cartel del confort”, que involucró al antiguo dueño de la empresa papelera PISA, Gabriel Ruiz-Tagle, exdirector general de ByN. Esto no solo trajo a la agenda pública la presencia de empresarios corruptos en las dirigencias del fútbol nacional, sino que también recordó antiguos casos de corrupción en Chile relacionados con los gerentes. El “Caso Chispas” de 1997, que tuvo en la mira al presidente de la república Sebastián Piñera (antiguo accionista de ByN) y a José Yuraszeck (exdirector general de AA); la millonaria fuga de capitales de la Universidad SEK a Unión Española que realizó su dueño, Jorge Segovia, en 2012; o las relaciones de Pablo Wagner y Roberto Carrasco, imputados en el “caso PENTA”, con los dirigentes de SW.
Con las protestas de octubre y la pandemia de COVID-19, los grupos empresariales del fútbol nacional nuevamente están en crisis. Ante un contexto de reestructuración laboral, decidieron postergar sus responsabilidades con sus trabajadores y, con el Estado como aval, se acogieron a la Ley de Protección del Empleo. Como si volviéramos al Chile del 2000: los clubes se declaran sin fondos y con grandes deudas. Sin embargo, esta vez no son corporaciones sociales las que peligran, sino que el proyecto empresarial de SADP. Las “voluntades” son intereses corruptos de nuestros dirigentes, llegando a paralizar la modificación de Ley 20.019 desde 2016 con la que podría haber más control a las SADP. Sin duda que las ganancias han sido privatizadas, pero los costos siguen siendo para la hinchada y la ciudadanía.
Revista Obdulio 