Juan Cristóbal Cantuarias
Colaborador Asamblea de Hinchas Azules
El pasado jueves 25 de junio de 2020, mediante sentencia, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) se pronunció sobre una causa iniciada a través de un requerimiento interpuesto por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Este fue fruto de una investigación que realizó el organismo fiscalizador a partir de denuncias que se habrían realizado de parte de clubes de fútbol a los que se les negó el derecho de ascender a la segunda categoría del fútbol nacional por no poder costear la cuota de incorporación, a pesar de haber cumplido los requisitos deportivos exigidos por la asociación. Esto es, salir campeón de la Segunda División.
En este caso en particular, se señala que se estaría imponiendo una cantidad de dinero excesiva a ciertos clubes para permitir que asciendan de categoría, lo que tendría como consecuencia la exclusión de aquellos más desfavorecidos económicamente para participar de la competencia profesional, privilegiando de esta manera a aquellos que ya se encuentran participando de aquel campeonato.
La principal defensa esbozada por la ANFP dice relación con que el Tribunal sería incompetente para conocer sobre este tipo de causas, dado que no se encontraría facultado para regular las normas que rigen el funcionamiento del fútbol. En este sentido, para la ANFP el requerimiento constituiría un atentado contra el derecho de asociación y las normas dictadas en ejercicio de su autonomía gubernativa, dado que se perseguiría anular su capacidad de autogobierno, buscando interferir, a través de poderes públicos, en su ámbito interno mediante la reformulación de sus reglas de funcionamiento. Por su parte, el TDLC, confirmando el requerimiento de la FNE, señala que el organismo deportivo no estaría ajeno a las reglas que regulan la libre competencia en nuestro país y que, en este asunto en particular, su labor es fiscalizar una actividad deportiva que se desarrolla de forma lucrativa con el objeto de tener cierta retribución económica. Así, en la medida de que sus actividades busquen una retribución pecuniaria, el tribunal sería competente para conocer acerca de aquellas conductas que estén afectando el acceso a los clubes nacionales para participar en el fútbol profesional.
Finalmente, el TDLC concluyó que se ha demostrado que existiría una relación entre la cantidad de recursos que los clubes invierten en la compra de jugadores y los resultados deportivos que éstos obtienen. Entonces, entre más dinero tenga disponible un club, más probabilidades tendrá de obtener mejores resultados. Por consiguiente, que la ANFP le exija 50 mil UF (más de 1.100 millones de pesos o casi 2 millones de dólares) a los clubes, los limita considerablemente en la obtención de resultados positivos al momento de entrar en la segunda categoría. Es decir, protege a los poderosos que ya están adentro: a los incumbentes.
Ante ese escenario, sin perjuicio de que aún falte el pronunciamiento de la Corte Suprema debido a que la ANFP ya señaló que iba a interponer un recurso de reclamación ante ésta, se sienta un buen precedente para señalar que no es un organismo ajeno a las reglas que regulan el libre acceso a esta actividad. También, que ante la falta de democracia de esta organización, los clubes más desfavorecidos por las políticas definidas por los poderosos tienen una posibilidad para que, al menos, se asome una luz de esperanza para que se concreten sus justas demandas: que el derecho de ascender sea ganado en cancha y no en un banco.
Revista Obdulio 