Jorge Salvador
Colaborador Asamblea Hinchas Azules
Recientemente, el gobierno de Sebastián Piñera le otorgó urgencia a dos proyectos de ley que dotan de mayores atribuciones a las FF.AA. tanto en el ejercicio de la violencia como en materia de inteligencia para la persecución de la población y organizaciones nacionales. Las cuarentenas alrededor del mundo ven la restricción de garantías básicas de la humanidad y el aumento del discurso de la seguridad pública como parte de una agenda decisiva para el correcto ordenamiento del Estado. Cabe, entonces, hacerse la pregunta: ¿vivimos ya en un Estado policial?
Haciendo una revisión, no es precisamente Estadio Seguro el inicio del camino hacia este fenómeno, pero sí un paso muy decidor sobre las formas políticas y mediáticas en que la seguridad y el control de la violencia son la excusa para la coerción de grupos determinados. En este caso, con las barras -históricamente cargadas con el signo de violentas, irracionales e inseguras- se inauguran las políticas con el apellido de “seguras”, que luego tendrían otros funestos proyectos como “Aula Segura”, “Retorno Seguro” y hasta el ridículo actual de “Auto Seguro”.
Sabido es que Estadio Seguro es un pésimo plan; su evaluación negativa ha sido explicitada en distintos medios de diversa índole. No obstante, si observamos su aplicación desde lo que significa para el resguardo de derechos de la población en general, vemos la antesala o apertura a diversos procedimientos de vigilancia y seguridad que luego se aplicarían a otros contextos. Revisando la normativa actual y los datos que arroja, vemos en primer lugar que poco tiene que ver con el estadio en sí mismo. En efecto, este plan no está diseñado en función de la seguridad en los recintos en caso de emergencias, o en aspectos de accesibilidad, es netamente un enfoque de contención de delitos que no tiene preocupación alguna por condiciones mínimas para los asistentes -como por ejemplo el agua o accesos para personas con movilidad reducida-.
Además, su ámbito de aplicación se reduce a un sector particular, la galería, el más accesible económicamente y que alberga a los sectores más populares y, por supuesto, “las barras”; las medidas hacia estos sectores y grupos se expresan en la prohibición de elementos distintivos, de animación o musicales. En paralelo, se vive control exhaustivo a los ingresos, tratos vejatorios por parte de la policía, procedimientos arbitrarios que atentan contra garantías básicas de las personas, guardia privada de las sociedades anónimas, y, en algunos casos, cámaras de reconocimiento facial. Son verdaderos efectivos protoparamilitares, como para el partido de la U. de Chile del día 4 de febrero, por ejemplo.
Lo más llamativo es su particular forma de castigo: el derecho de admisión. Por normativa, las empresas dueñas de los clubes deben aplicar prohibición al acceso durante determinados periodos a quienes hayan cometido delitos o faltas dentro de los estadios. Sin embargo, la calidad de estas faltas no posee discrecionalidad alguna, llegando al absurdo de, por ejemplo, considerarse un centímetro más de bandera. De hecho, la cantidad de prohibiciones aplicadas por “otras faltas” según el Ministerio del Interior y Seguridad Pública durante el 2018 es en promedio de 6,85 por partido, muy por sobre las demás faltas o delitos normados por el código penal, lo cual estadísticamente revela que las acusaciones que hace la ANFP mediante carabineros o las sociedades anónimas, no poseen ningún criterio establecido. Incluso, las prohibiciones han sido utilizadas para la exclusión de agrupaciones contrarias a las concesionarias de sus clubes, quienes luego deben dirimir en caso de apelación. Esto, desde el punto de vista del debido proceso y las garantías de las personas, es algo absolutamente injusto e inquisitivo. En otras palabras, quien te acusa es responsable luego de absolverte.
Analizando además los datos del mismo año, la cantidad de derechos de admisión aplicados durante el primer mes completo de fútbol fue de 3.289, mientras que para el último mes correspondió a 3.825. Sin embargo, la cantidad de delitos en estadios no supera un caso en promedio por partido. ¿Qué explica esta alza si las faltas y delitos no aumentan? Nada más que la arbitrariedad absoluta de los clubes y sus métodos de resolución carentes de transparencia. El efecto es el mismo que se obtiene si se analiza la “Agenda Corta Antidelincuencia”: gran cantidad de cuestionables detenciones a costa de las libertades civiles.
El análisis de Estadio Seguro podría continuar con muchos otros aspectos. Lo cierto es que, en resumen, estamos ante una política de control social basada en la fuerza, la criminalización y la vigilancia, y con procedimientos jurídicos sin mecanismos de transparencia. Ante la pregunta ¿vivimos ya en un Estado policial?, la respuesta es que tal vez aún no del todo, pero sí es verdad que Estadio Seguro ha sido tomado de ejemplo para otras iniciativas en materia de seguridad pública enfocadas en la vigilancia y persecución de sectores de la sociedad, vulnerando condiciones mínimas de las personas sin garantía alguna de justicia.
Revista Obdulio 