Una vez más: Sename

Nuestra Cruzada

A raíz de una denuncia realizada por el Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores Subcontratados (Sintrasub) del Servicio Nacional de Menores (Sename), el martes 21 de abril se reveló públicamente un documento que dejó al descubierto la firma de un convenio de colaboración realizado en febrero del presente año entre el organismo estatal protector de la infancia y juventud y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), institución dependiente del Ministerio del Interior. Este acuerdo facilitaba a la ANI el acceso a información de los niños, niñas y jóvenes (NNJ) que pertenecen a la red Sename con el objetivo de “generar inteligencia”.

Lo anterior generó gran revuelo entre la opinión pública, ¿y cómo no? Si de una forma arbitraria, el Estado estaba entregando información personal de los y las NNJ que se encuentran bajo su cuidado, desprotegiendo y desamparando su bienestar y, por sobre todo, criminalizándoles por el sólo hecho de pertenecer a la red. En esta línea, consideramos inaplicable que la ANI “genere inteligencia” o cumpla sus funciones mediante información conferida por la red Sename, ya que su función se relaciona con la inteligencia política. Por lo anterior es que consideramos el convenio como un nuevo recurso para ligar a jóvenes de la red con la protesta social chilena y así facilitar el proceder de otros organismos como, por ejemplo, los policiales.

Luego de la revelación del acuerdo, varios actores públicos encendieron la alarma y lo criticaron. Uno de ellos fue la Defensoría de la Niñez, particularmente Patricia Muñoz, quien calificó como gravísimo el hecho, comentando que incluso a profesionales de la Defensoría se les niega el acceso a información de los y las NNJ bajo el argumento de protección personal, mientras que a la ANI, institución que no garantiza el pleno ejercicio de sus derechos, se la entregan sin problemas. En sus declaraciones, la defensora aseguró que, de no revertirse de forma pronta el acuerdo, evaluarían tomar acciones constitucionales. Otro actor que hizo presente sus críticas fue el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), quien declaró que el acuerdo no concedía la garantía constitucional de la protección de datos, ya que para entregar la información de los y las NNJ, el Estado requería del consentimiento de sus titulares.

La red Sename se excusó manifestando que todos los servicios públicos “están obligados a suministrar los antecedentes e informes” que sean requeridos por la ANI, minimizando el hecho. Sin embargo, ante la crítica y presión sostenida por la opinión pública por parte de actores significativos en el área infanto-juvenil, el lunes 27 de abril, el Gobierno solicitó dejar sin efecto el acuerdo firmado entre los dos organismos y elaborar un nuevo protocolo para operar las solicitudes de información que se realicen a la red.

Este hecho deja esclarecido nuevamente que el Estado chileno le continúa dando la espalda a los y las NNJ que se encuentran bajo su tutela. La respuesta que entrega a sus necesidades no es de calidad: algunos de ellos y ellas han muerto en sus centros residenciales, la educación a la que acceden les discrimina luego, y ahora se les criminaliza solo por pertenecer a Sename. Nos alegra que el convenio haya quedado sin efecto, sin embargo, nos preocupa de sobremanera que el servicio a cargo de los y las NNJ con mayor riesgo social se mantenga caracterizado por ser represivo, maltratador y revictimizador.

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