
Miércoles 22 de abril, 12:24 de la tarde. En una conferencia de prensa, el directorio de Blanco y Negro S.A., concesionaria que administra a Colo-Colo, anunció que se acogerá a la Ley de protección al Empleo. Esta ley, en en el papel, permite pactar un cese parcial o total de las funciones del trabajador o trabajadora durante períodos extraordinarios (como el actual estado de crisis sanitaria), manteniendo la relación entre ambas partes pero suspendiendo casi todas las obligaciones entre ellos, con la excepción del pago de imposiciones. Así, ninguna persona tendría que cumplir funciones relacionada a su trabajo, pero el empleador no abonará la remuneración correspondiente por contrato a dicho período. El sueldo, o una especie de sueldo, será pagado por los o las trabajadoras a través de sus ahorros acumulados en el llamado seguro de Cesantía, y que equivaldrían a un 70% del sueldo normal para el primer mes, 55% el segundo y 45% el tercero.
En esta conferencia de prensa, Aníbal Mosa, Harold Mayne-Nicholls y Daniel Morón, directivos de Blanco y Negro, manifestaron su pesar por no haber alcanzado un acuerdo que permitiera la rebaja de los sueldos más altos del plantel y que mantuviera íntegras las remuneraciones menores a un millón de pesos. Para ellos, fue esta falta de acuerdo la que los obligó a tomar dicha medida. En cosa de minutos, el plantel emitió un comunicado en el que aclaraban que ellos sí buscaron un acuerdo, pero que éste no fue alcanzado por inflexibilidad de la concesionaria.
Mayne-Nicholls explicó que la propuesta hecha por la administración era “no negociable” y que “hasta que no vuelva el fútbol, los jugadores no tienen situación contractual con nosotros”. Mosa declaró que sentía que los jugadores le habían dado la espalda a la institución; Morón comentó que al equipo actual “le faltó empatía y solidaridad”.

El caso hispano
Unión Española ha sido otro de los clubes que decidió tomar acciones y poner en pausa toda relación laboral. La información alrededor del cuadro hispano, no obstante, es contradictoria. En conversación con Radio Cooperativa el martes 22 de abril, el capitán del equipo, el arquero Diego Sánchez, indicó que el plantel llegó a un acuerdo para reducir los sueldos en un 50% y que el dueño, Jorge Segovia, se comprometió a reponer estos descuentos una vez se normalizara la situación económica del club.
Unos días antes de esa entrevista, Revista Obdulio se contactó con el gerente general de Unión Española, Luis Baquedano, quien indicó que parte de la disminución de salarios correspondió a que el espacio físico del que hace uso Unión Española estuvo en zona de cuarentena obligatoria (comuna de Independencia). Este descuento fue “por cinco días, no los siete que correspondían, a todos los funcionarios del club”. También indicó que se estaban acogiendo a la Ley de Protección al Empleo impulsada por el gobierno, exceptuando algunas funciones esenciales relacionadas a, por ejemplo, el cuidado de la cancha del estadio Santa Laura. Los motivos de la ejecución de esta medida, en palabras del gerente general, tienen que ver con que los ingresos económicos del club, con la excepción de la cuota de marzo del Canal del Fútbol (CDF), están detenidos. “El auspiciador principal del club, que es la Corporación SEK, avisó que no iba a pagar hasta que el fútbol se reanudara”, declaró. El presidente de la Institución Internacional SEK y, por tanto, representante de la compañía que ha sido sindicada como la principal baja en los ingresos económicos del club, es Jorge Segovia, también dueño de Unión Española.
Al ser consultado sobre si el plantel seguía entrenando, la respuesta de Baquedano fue tajante: “No. El 15 (de abril) se pararon las actividades del club. Si ellos entrenan en sus casas, queda a criterio de cada futbolista, Ellos, en su nivel profesional, tendrán que preocuparse de cumplir algún ciclo de entrenamiento, pero a nivel voluntario. El club paró las actividades. No hay trabajo, por lo tanto, no tienen que cumplir con ninguna obligación a nivel profesional. Tampoco el cuerpo técnico”. Sin embargo, distintas fuentes al interior del club con las que Revista Obdulio tuvo contacto entregaron versiones que contradicen a las de Baquedano. Según estas, sí ha habido pautas de trabajo semanales enviadas por el cuerpo técnico al plantel durante dicho período para mantener el ritmo de entrenamiento mientras los jugadores estuvieran en sus casas. Bicicletas estáticas y colchonetas son parte del equipamiento del que disponen muchos de ellos para cumplir con dichos requerimientos.
“En el caso de mantener rutinas o entrenamientos, tendría que existir una contraprestación adicional. De acuerdo a la ley, no existe ningún tipo de obligación”, explica Daniela Marzi, abogada y profesora de derecho laboral. En el caso de que una empresa se acoja a la Ley de Protección al Empleo y se compruebe la existencia de labores prestadas sin remuneración, las consecuencias pueden ser muy graves. Según el abogado laboral Leonardo Ponce, “tanto los representantes legales como las empresas pueden ser responsables penalmente. Esta ley también contiene responsabilidad para personalidades jurídicas y, en ese sentido, el hecho de que el empleador indique suspensión y no lo haga, implica falsificación ideológica y mentira en un instrumento público”.

El aspecto legal
Pero, ¿qué significa en términos prácticos que un club de fútbol se acoja a la Ley de Protección al Empleo? Marzi explica que no existe ningún tipo de excepción según tipos de trabajo. Los y las trabajadoras, en este caso futbolistas, “no deben cumplir con ningún tipo de estilo de vida que sea exigible para su profesión ni ninguna rutina de entrenamiento porque su contrato se encuentra suspendido”. Así, en los casos en que sí se lleven a cabo este tipo de actividades por mutuo acuerdo, esto deberá tener acompañado algún tipo de contraprestación. En esto concuerda Ponce, quien también menciona que esta ley está construida sobre la base del mutuo acuerdo, pero que en los hechos es una decisión unilateral de la empresa. “No hay manera, en teoría, de exigir al jugador que mantenga el entrenamiento o que mantenga su peso. En la práctica, por la inestabilidad laboral, llegan muchas denuncias de seguir trabajando sin pago de sueldo”, aclara, mencionando además que la Dirección del Trabajo se encuentra sobrepasada y su capacidad de fiscalización, aún más en estos momentos, es insuficiente.
Sobre el origen de la ley, ambos abogados tienen visiones distintas. Marzi señala que, en su opinión, esta ley es necesaria y es “un primer intento que tiene una buena orientación, que es que el Estado entregue instrumentos para que aquellas empresas que no estén produciendo, puedan suspender su relación laboral. Es un esfuerzo tal vez insuficiente y que debe ser acompañado de otras medidas”. Para ella, dado el carácter global de la crisis, no debe ser solo el sector privado quienes deban solucionar la situación. “El Estado tiene que cumplir un papel y esto es un primer intento en ese sentido”, acota.
Para Ponce, en cambio, no se justifica la promulgación de esta iniciativa. “Hace apenas dos años se reguló esta situación. El Artículo 184 bis del Código del Trabajo tuvo como fundamento el terremoto del 27 de febrero de 2010 en Chile. En ese texto se reguló la obligación del empleador de paralizar labores ante un riesgo inminente y grave a la salud o integridad del trabajador, el derecho del trabajador a abandonar sus labores ante una situación de riesgo de esa envergadura y la obligación del empleador de acatar la orden de la autoridad. En todos estos casos, el trabajador no podía verse menoscabado. O sea, no se le puede bajar el sueldo”. Para el abogado laboralista, la promulgación de esta ley responde a los intereses del gran empresariado de no pagar los costos de la crisis.

Algo en lo que tanto Marzi como Ponce concuerdan, no obstante, es en la necesidad de mayor negociación colectiva. Para la abogada, la negociación entre las partes es la que determinará que la ley se adapte a las realidades particulares de cada tipo de trabajo. “Lo peor es que se trate de sacar ventaja de una situación como esta y por eso la negociación colectiva es importante, porque obliga a que las partes se entiendan”. Según Ponce, “mientras los trabajadores no se organicen para hacer valer su monopolio de la fuerza del trabajo, queda solamente esperar que el parlamento les proteja. En nuestro país llevamos 30 años sin que eso suceda”. El principal ente que agrupa a las y los trabajadores del fútbol es el Sifup (Sindicato de Futbolistas Profesionales). Revista Obdulio intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con representantes de dicha organización para entrevistarles sobre lo ocurre actualmente en el fútbol chileno, pero ninguna de sus solicitudes fue acogida.
Lo que ocurre en otros colores
Santiago Wanderers, de historia centenaria, es uno de los clubes más tradicionales del país. Ubicado en Valparaíso, ciudad porteña y obrera en esencia, tiene también arraigados distintos movimientos sociales. Son estas organizaciones las que chocan usualmente con la administración actual del club, la Sociedad Anónima presidida por Rafael González Camus. Hoy, el conflicto guarda relación con la posición de la concesionaria con sus trabajadoras y trabajadores en época de pandemia.
En un inicio, trascendió que desde el 6 de abril, quienes estuvieran contratados por la concesionaria adelantarían sus vacaciones de 15 días, manteniendo los jugadores, eso sí, el trabajo físico con pautas definidas por el cuerpo técnico. A eso se sumó un acuerdo alcanzado entre la concesionaria y el plantel que, en términos generales, es similar al buscado por Blanco y Negro: descuento para los sueldos más altos y mantención de aquellos más bajos para no llegar a ningún despido. Al respecto, el Movimiento 15 de agosto, organización sociopolítica de hinchas wanderinos, muestra cierto grado de pesar, pues, pese a que, para ellos, la situación de los jugadores del club parece no ser tan mala en comparación a otros planteles, “subyace el mismo problema de fondo: el hecho de que la crisis la termina pagando, como siempre, la clase trabajadora”.
En el contexto del fútbol profesional, declaran, “había otras opciones para financiar este período, como solicitar préstamos a la banca o a la propia ANFP, pero varias Sociedades Anónimas han optado por cargarle el peso a sus trabajadores antes que endeudarse”. Sobre el caso particular de Santiago Wanderers, donde el acuerdo alcanzado implica la disminución de las remuneraciones, señalan que la decisión de reducir los alto sueldos para no tocar los más bajos es introducir una dicotomía entre la clase trabajadora. “Nadie toca el patrimonio del hoy máximo accionista Rafael González Camus. ¿Por qué debemos los trabajadores y trabajadoras sostener un sistema que nos maltrata y precariza constantemente? ¿Por qué no lo soportan precisamente aquellos que el sistema ha beneficiado?”, declaran.

Para ellos, lo que se vive, no obstante, es algo que no responde solo a hechos puntuales. Por una parte, confirma la crisis del modelo de Sociedades Anónimas, las que “no cuentan con ningún respaldo económico y financiero para hacerle frente a estas situaciones”. Pero “tampoco es una situación particular del modelo de Sociedades Anónimas: está claro que la opción que ha adoptado el Gobierno es que esta crisis sea pagada por los trabajadores”, cierran.
Por su parte, Ñublense es uno de los clubes que, al igual que Colo-Colo, ha decidido acogerse a la Ley de Protección al Empleo. En un comunicado de prensa, el gerente Hernán Rosenblum indicó que el club aportará con la diferencia entre lo que cubra el seguro de Cesantía y el sueldo real para que ningún trabajador o trabajadora vea disminuidos sus ingresos mensuales. Esto, tras las declaraciones de David Escalante, jugador del equipo chillanejo, quien indicó que la situación se hacía muy difícil de entender, pues al plantel todavía se le adeudaban premios de la campaña anterior.
A juicio del Movimiento Autónomo Ñublenses de Esfuerzo y Valor (MAÑEV), la medida sigue perjudicando a las y los trabajadores del deporte, pues, si bien el uso de los fondos del seguro de Cesantía es legal, dada la naturaleza del trabajo de jugadores y cuerpo técnico, estos ahorros se utilizan frecuentemente durante las épocas de cesantía que existen durante los cambios de equipo o los términos de contrato, pues suelen tener vínculos de plazo fijo. Y, reconociendo el compromiso de palabra entre la dirigencia y el plantel para el complemento del seguro de Cesantía, observan “con angustia lo que ocurre en otros clubes, como el caso de Deportes Temuco, donde sus trabajadores verán derechamente disminuidos sus ingresos”.
Deportes Temuco hizo noticia hace algunos días tras anunciar que también se acogerá a la Ley de Protección al Empleo. En este caso, no se ha conocido ningún tipo de acuerdo, simplemente se comunicó la suspensión laboral. La reacción del plantel no se hizo esperar: a través de un comunicado, repudiaron el actuar de la dirigencia encabezada por el exdelantero de la selección nacional Marcelo Salas. En éste se indica que el club desconoció el período de entrenamiento en modalidad de teletrabajo que mantuvieron los jugadores y el cuerpo técnico, no considerándolo como trabajo para términos del cálculo de las remuneraciones finales, algo que han declarado a la prensa jugadores como Cristián Canío o José Luis Gamonal. A esto se refería la abogada Marzi con las necesarias compensaciones por trabajo realizado y que, según se infiere del comunicado del plantel, no estarían siendo reconocidas.

Ponerse la camiseta de la empresa
Es frecuente ver a dueños de las empresas pedirle a sus trabajadores y trabajadoras que “se pongan la camiseta”, analogía usada en el mundo de los negocios para que la fuerza laboral se comprometa con su trabajo más allá de sus obligaciones contractuales y que tiene su origen, como no, en el fútbol. En la pasión de vestir la camiseta por la que hinchabas desde niño.
Para la socióloga Carolina Cabello, la captura del fútbol por el modelo económico neoliberal implica la convivencia de la ritualidad que ha caracterizado a este deporte con la modalidad de espectáculo mercancía y, en este sentido, una camiseta no solo tiene valor emotivo, sino que también un valor comercial. “En esa ecuación, los futbolistas están en una posición sumamente compleja -explica-, pues son fuerza de trabajo y mercancía”. Para ella, el espectáculo deportivo le ha entregado a la búsqueda de generar un efecto sociocultural masivo un valor altísimo no solo en términos monetarios, sino que también de fama. “Esto hace que se espere de los futbolistas que sean hombres correctos, figuras públicas y un ejemplo para quienes los siguen. Son también un producto que debe estar a la altura de la industria y de la fiesta ritualizada”. Explica, además, que en el estado actual de crisis sanitaria, las Sociedades Anónimas “han sido incapaces de buscar otras formas de valorar el trabajo de los futbolistas. Si los entendiéramos como parte del mundo fútbol en su globalidad, podrían estar haciendo campañas de ‘quédate en casa’, documentales, mostrando la historia de los clubes u otras labores similares. No obstante, las Sociedades Anónimas Deportivas, por sus sesgos económicos y políticos, no han sido capaces de desarrollar estas modalidades, entendiendo al futbolista como un simple ‘pateador de pelota’ cuya participación es únicamente dentro del espectáculo deportivo”.
Por lo demás, explica Cabello, el caso de Colo Colo con el que se inicia este reportaje deja en evidencia lo maléficas que pueden ser las Sociedades Anónimas al situar a los jugadores en contra de la opinión pública. “Se pone sobre la mesa el bolsillo de los jugadores, pero no el peso del bolsillo de los empresarios megamillonarios que se encuentran en el fútbol”. “En ese sentido -continúa-, los empresarios junto a los medios de comunicación han hecho una campaña para presionar y dejarlos prácticamente como traidores de la gente, pero no han sido capaces de develar que el verdadero enemigo es el gran empresariado”, acota. Para ella, uno de los daños más importantes de esta situación de manipulación mediática tiene que ver con las Sociedades Anónimas hablando a nombre de la gente. “Dice Mosa ‘los jugadores le dieron la espalda al club’, pero ellos no son el club, son Blanco y Negro. Lo mismo ocurre en el caso de Santiago Wanderers. ‘El club no tiene solvencia’, ¿cómo no van a tener solvencia si detrás tienen a Nicolás Ibáñez, una de las fortunas más grandes del país? Eso es algo que no se muestra en los medios”.
Cabello explica que gran parte de los esfuerzos comunicacionales, tanto de las empresas como del aparataje mediático que se sitúa detrás, tiene que ver con tratar de homologar a las empresas que manejan a los clubes con los clubes mismos. “Pero ese discurso es errado. Las Sociedades Anónimas no son los clubes”, cierra.
