¿Puede una nueva constitución hacer algo por la “U”?

Roberto Rabi
Colaborador Asamblea de Hinchas Azules

Chile vive tiempos especiales. Nunca antes habíamos visto masivos actos de protesta en que participaran hombro a hombro, compartiendo emblemas, hinchas de la “U”, Colo-Colo e incluso de Universidad Católica. ¿Es solo un espejismo? En nuestro caso, ¿hemos perdido el sentido de rivalidad? ¿Es compatible un mítico antagonismo deportivo con tal actitud de algunos? ¿De muchos?

Son preguntas arduas. Umberto Eco sostenía la necesidad de construir a un enemigo para definirnos a nosotros mismos. Pero es imposible tener claridad respecto de lo que piensa y siente cada uno de los hinchas de la “U”, considerando que, cuando hablamos de fútbol, una actividad social y deportiva, parece razonable sostener que una rivalidad futbolística, por poderosa que sea, no debería ser entendida como un condicionamiento que impida el acercamiento, el afecto y la realización de planes conjuntos entre seres humanos. Otro enfoque parece bastante primario e infantil.

Otra cosa es emitir un pronunciamiento categórico en torno a un plan común de todos los barristas de todos los clubes, con motivo del reciente estallido social. Podemos, eso sí, desprender ciertas tendencias sobre la base de ciertos rasgos históricos de nuestro club, como su carácter laico, transversal e inclusivo, por los cuales difícilmente podría su hinchada ser funcional a los abusos de poder, sean del Estado, de la fuerza pública o de los grupos económicos.

Más allá del papel de los barristas en las revueltas callejeras y en los estadios -entonando cantos políticamente agudos-, quiero entregar algunos datos sobre una de las cuestiones centrales del panorama actual: el alcance de una nueva Constitución respecto del fútbol, la casa de estudios y la “U”.

Precisemos que una constitución es la ley fundamental del ordenamiento jurídico, que se encarga de definir la forma del Estado y del gobierno; estableciendo las atribuciones y los límites del ejercicio de poderes públicos. Se trata de normas cuyo alcance se ha entendido de manera distinta a través de la evolución histórica de las sociedades occidentales. El constitucionalismo actual, una forma desarrollada de constitucionalismo social (que era el predominante en los años setenta del siglo pasado, cuando se gestó la Constitución de 1980), suele considerar incluso derechos de tercera generación, de incidencia colectiva como los derechos ecológicos y los de usuarios y consumidores.

No existe en la actual constitución regulación directa ni del Club, ni de la Casa de Estudios, ni del sistema de sociedades anónimas deportivas. Pero sí normas que condicionan lo que pueden y podrán ser sus respectivos estatutos legales. Entre otras cuestiones relevantes,  tenemos actualmente un sistema de derechos fundamentales fundado en el predominio de la propiedad privada y el rol subsidiario del Estado, que relativiza derechos sociales y, respecto de lo que nos interesa, la participación de la Universidad de Chile en la vida social. Relativiza, en general, las posibilidades de quienes no tengan títulos de dominio de agruparse e intervenir en los destinos de instituciones que son concebidas como compañías de seguros o fábricas de clavos, en que lo central es el derecho de propiedad sobre las cosas. Una nueva constitución, como decíamos, podría fortalecer derechos de quienes se asocien en torno a afectos e intangibles, derechos bastante restringidos en el texto actual.

Por otro lado, la carta fundamental actual contiene desmesuradas exigencias de quórum para leyes sobre aquellas materias cuya modificación es urgente. Un sistema que es bastante extraño en derecho comparado, que distingue leyes orgánicas constitucionales, otras de quórum calificado y otras leyes simples. Solo en éstas últimas una mayoría simple tiene posibilidades ciertas de hacer transformaciones. Pero son las materias menos importantes, las triviales. Y esto es intencionado, la voluntad del constituyente fue expresamente apostar por la permanencia e inalterabilidad del sistema. Además, la Constitución de 1980 estableció un gigante autónomo y de tremendo poder, el Tribunal Constitucional, que controla la constitucionalidad de buena parte de las leyes antes de su publicación, una función contramayoritaria también establecida en pos de la estabilidad. Lo anterior, además de la facultad de revisar la aplicación concreta de las leyes después de que han entrado en vigencia (rol que muchos consideran razonable situar dentro de la competencia de los Tribunales Superiores de la Justicia Ordinaria). La tendencia histórica de este Tribunal ha sido cuidar la libertad empresarial y el derecho de propiedad, dificultando las transformaciones sociales que hoy constituyen reclamos emblemáticos.

En síntesis, una adecuada redacción de un nuevo texto constitucional podría establecer bases que impidieran el abuso empresarial y policial en el acceso a los espectáculos de fútbol profesional, la participación de los hinchas en las decisiones de los clubes, el fortalecimiento de la casa de estudios y la vinculación con el club. Pero, entendámoslo claro, solo las bases. Para la regulación de detalle se necesitará participación activa, estudio y preparación de quienes desean que el fútbol deje ser un negocio en el que la “U” no sea más que uno de los maniquís de la vitrina

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