Nuestra Cruzada
No es un misterio que la derecha de este país, y en específico Sebastián Piñera, siempre ha buscado implementar mecanismos autoritarios bajo la consigna de “seguro o segura” sin abordar nunca el problema desde la raíz. Pasó con Estadio Seguro (2011), plan que sabemos que no funciona y que no aborda el problema sobre la violencia en los estadios ni sus implicancias. Por ejemplo, aún no contempla la violencia sexista que experimentamos muchas hinchas tanto en los trayectos como en los mismos recintos deportivos.
Sigamos. También tenemos la ley Aula Segura, que faculta a los directores de establecimientos educacionales a expulsar y cancelar la matrícula de manera inmediata a aquelles estudiantes que estén involucrados en actos violentos y que causen daño a la institución o generen algún perjuicio a quien forma parte de ella. Si bien existe un proceso investigativo para corroborar los cargos que se imputan, les estudiantes son sacados al instante de la institución, vulnerando así uno de los derechos fundamentales de la Convención de los Derechos del Niño como lo es el derecho a la educación (es importante aclarar que el Estado de Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño hace casi 30 años).
Es así como encontramos el ejemplo de Allison Estay, la presidenta del Centro de Alumnos del Liceo Darío Salas, quien fue acusada de haber golpeado a una paradocente y fue expulsada por la directora Lilian Vincent. No hubo nunca pruebas médicas que constataran la agresión. Se presentó un recurso de protección, aduciendo que se trató de una discusión verbal, no física. Luego de más de dos meses de expulsión, fue reintegrada al establecimiento, el que, cabe destacar, no cumplió con el compromiso de facilitar todo tipo de material para que la alumna mantuviera el ritmo de las clases. Como este, existe también el caso de seis alumnos del Liceo Molina Garmendia de Concepción que debieron ser reintegrados a la institución luego de haber sido expulsados bajo la Ley de Aula Segura por haber participado en una manifestación en el frontis del establecimiento el pasado 3 de abril. Si tenemos alumnos y alumnas que no están estudiando por haber sido expulsados por Aula Segura, entonces es una ley que se contrapone a lo que la misma ministra Marcela Cubillos dijo sobre asegurar el derecho a la educación para todos y todas.
Entonces, el modus operandi de este Gobierno vendría a ser el culpar sin pruebas a los movimientos sociales y dirigentes estudiantiles por los episodios de violencia ocurridos. Así, el único resultado visible es la vulneración constante de los derechos de los estudiantes, obviando el foco al problema real que está atravesando la educación pública, esa que tanto se ha empeñado por destruir la derecha chilena.
¿Hasta cuándo creemos en el eslogan “los niños primero”? ¿Hasta cuándo creemos que el problema en la educación son los estudiantes y no quienes reprimen, violentan, revisan mochilas sin pudor alguno y permiten el ingreso de Carabineros a las salas de clases? ¿Hasta cuándo creemos en la “calidad de la educación” que pretende imponer la derecha, que ni siquiera considera los petitorios mínimos que exigen les profesores? ¿Hasta cuándo?
Revista Obdulio 