La destrucción de los clubes de fútbol chilenos fue un proceso largo y que tuvo su origen en los círculos de poder de la sociedad de nuestro país. El cambio en la estructura organizacional se gestó desde las esferas políticas y comunicacionales, no desde las sociales. Claro, era difícil que fueran las y los mismos hinchas quienes decidieran vender su participación en los clubes, sus clubes, a distintos capitales. Fue por esto que se necesitó una estrategia completa en todo nivel para poder conseguirlo. Y la primera etapa fue el hecho gatillante: la quiebra de los clubes.
La quiebra de los clubes ocurrió tras distintas solicitudes de quiebra, entre ellas las pedidas por la Alianza Chilena de Leasing y la Tesorería General de la República (TGR) que tuvieron su origen en el cambio de interpretación de una norma. Durante 28 años, la interpretación del DFL-1 (Decreto con fuerza de ley) con respecto a los clubes profesionales fue que los premios y primas pagados a los jugadores por los equipos no eran imponibles, por lo que tampoco eran tributables (no pagaban impuestos). En 1999, el Servicio de Impuestos Internos (SII) decidió desconocer años de interpretación y modificó dicha apreciación, convirtiendo esos montos en sujetos de gravamen, por lo que los clubes quedaron en deuda de los impuestos no pagados, además de las multas correspondientes por el no pago. Tanto Colo-Colo como Universidad de Chile no reconocieron dicha deuda como válida, entendiendo que nacía de un cambio de interpretación arbitrario, y comenzaron procesos legales para resolverlo en tribunales. “Fue completamente antojadizo, arbitrario y además injusto, porque al menos en el caso de la CORFUCH, nunca reconocimos como legítima la retroactividad de la deuda que planteaban. Sin embargo, asumimos nuestra responsabilidad como socios del club Universidad de Chile y presentamos un convenio de pago que fue rechazado por la TGR, quienes luego, y de forma inédita en Chile, solicitaron la quiebra de una corporación sin fines de lucro para que luego su «deuda» fuera asumida y pagada en cuotas -la misma forma de pago que nos rechazaron- por una Sociedad Anónima”, explicó Natalia Dávila Méndez, socia CORFUCH y colaboradora de la Asociación de Hinchas Azules (AHA). Dicha deuda con el fisco fue desconocida en 2003 por la Corte Suprema, pero el proceso ya transitaba otros caminos, en los que la junta de acreedores y en particular la jueza Helga Marchant serían protagonistas, y que incluso llevaron al Senador Nelson Ávila a declarar que la quiebra de Colo Colo era ilegal.
Ese mismo año, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) decidió no repartir los montos generados por concepto de derechos televisivo a los clubes (los que hoy pueden ser homologables a los dineros del Canal del Fútbol (CDF) y que suelen generar debate en las distintas administraciones), con lo que parte importante de los ingresos de los clubes fue retenido. Así se gestó la deuda tributaria.
En 1998, un año antes de que la Tesorería General de la República solicitara la quiebra de ambos clubes, el Presidente Sebastián Piñera, en ese entonces Senador de la República, presentó una moción en el Congreso para transformar la administración de los clubes desde corporaciones de derecho privado a sociedades anónimas deportivas. El éxito deportivo, la popularidad y las millonarias cifras que manejaban los clubes a mediados de la década de los noventa, tras la copa Libertadores obtenida por Colo-Colo en 1991, parecen haber sido gatillantes de que se presentara dicha moción. Este interés queda reflejado en el primer párrafo de la historia de la Ley 20.019: “La iniciativa recoge y ha tenido su inspiración en la moción parlamentaria presentada por el ex Senador Sebastián Piñera y la indicación sustitutiva a dicha iniciativa presentada por los senadores Carlos Ominami y Jorge Pizarro, y el ex Senador Ignacio Pérez”. Dos de Renovación Nacional, uno de la Democracia Cristiana y un socialista. No debemos olvidar, no obstante, que esta ley fue propuesta por la presidencia: Ricardo Lagos y José Miguel Insulza, del Partido por la Democracia y del Partido Socialista, respectivamente. A nivel político, y pese al interés particular de Sebastián Piñera -que se vio plasmado posteriormente en la compra de acciones de distintos clubes-, el apoyo a la iniciativa fue transversal.
Para esta fecha, la TGR estaba en proceso de embargo de los ingresos de los clubes. Es importante destacar que desde la promulgación de la Ley 19.738, es el Tesorero General de la República quien tiene las facultades de condonar intereses y sanciones producto de mora. Resulta curioso que Tesorería haya sido tan implacable con los clubes sociales de fútbol y luego tan condescendiente con grandes grupos empresariales. Por ejemplo, mientras Gianni Lambertini, Tesorero General en esa época, lideraba una condonación de entre el 40 y 50% de intereses por multas a muchos contribuyentes, incluidos algunos integrantes del Caso Chispas; Francisco Vidal, vocero de Gobierno durante la presidencia de Ricardo Lagos, anunció que no existiría condonación de ningún tipo para los clubes de fútbol: la clase política allanaba el camino a que los mismos políticos se introdujeran en este deporte.
Pero no bastaba solo la voluntad política para generar este cambio, pues la entrada de capitales empresariales a los clubes iba a generar resistencia en los hinchas. Fue así que a través de la prensa controlada por estos mismos grupos empresariales funcionó como caja de resonancia ante todo lo sucedido, instalando en la opinión pública el hecho de que la quiebra de dos de los exponentes más grandes del fútbol chileno era causa del sistema de organización. Así, fueron pasando las noticias sobre la venta de la sede de Colo-Colo en calle Cienfuegos y el Teatro Monumental, el supuesto fracaso de la Colotón o el remate de la Ciudad Azul en 2005. Los síndicos Juan Carlos Saffie y José Manuel Edwards (padre del exdiputado RN y hoy senador ultraderechista, Rojo Edwards) fueron los únicos interlocutores válidos de los “clubes”, dejando a los presidentes de los clubes sociales relegados a un segundo plano. “El modelo del club social y deportivo sin fines de lucro, que se constituía como un espacio de sociabilidad elemental en la vida política y comunitaria local, fue siendo paulatinamente desplazado por el modelo de fútbol-empresa tipo sociedad anónima promovido tanto desde el Estado chileno como por los modelos de gestión y éxito deportivo de la FIFA. De esta manera, los fundamentos socioculturales de los clubes son puestos en segundo plano y se privilegian los resultados deportivos como reflejo de las ganancias económicas”, explica la socióloga del deporte Carolina Cabello.
La prensa, además, fue parte promotora importante del nuevo modelo, difundiendo sin ningún cuestionamiento las supuestas ventajas: el orden económico, acabar con la violencia, pagos puntuales a jugadores y administrativos, competitividad deportiva, proyectos formativos e infraestructurales. Así lo decían con cobertura nacional, por ejemplo, Fernando Solabarrieta y Felipe Bianchi, quien incluso en 2010 defendía las ventajas de la profesionalización de los dirigentes. Pero esta profesionalización, según Cabello, convirtió a la ANFP “en la reunión de los grandes capitales del fútbol profesional chileno, olvidando su función deportiva y social, enfocada de lleno a las problemáticas relacionadas con la selección chilena o la venta del Canal del Fútbol, antes que del fomento del fútbol amateur o del fútbol femenino que no son siquiera considerados por su falta de «rentabilidad»”.
Esto, no obstante, no era suficiente. El proyecto de ley presentado por el ejecutivo proponía un tope de máximo un 49% de participación para contribuyentes privados, fueran estos personas naturales o jurídicas. Esto, en la práctica, significaba transformar la forma de organización del fútbol chileno a algo similar al modelo alemán, en la que los hinchas agrupados en organizaciones mantienen un porcentaje importante de participación -y que ha sido mencionado en la actualidad como un paso importante hacia la redemocratización de los clubes-. Durante la discusión en el Senado, algunos senadores, entre ellos Alberto Espina, indicaron que la única forma de que aparecieran las inversiones que supuestamente iban a salvar al fútbol chileno era eliminando dicho tope y permitiendo que efectivamente los inversores pudieran controlar de facto al club social. La moción fue aprobada por unanimidad en la comisión en la que participaban, además de Espina, los senadores Viera-Gallo, Zaldívar, Chadwick y Aburto. Ante esto, el diputado Pérez (PPD) y el senador Naranjo (PS) pusieron voces de alerta, mencionando su preocupación sobre la posibilidad de que los grandes grupos económicos terminaran siendo los controladores también de los equipos de fútbol o sobre el problema que significaba importar un modelo que ya estaba hundiéndose en Europa.
Las palabras de estos últimos resultaron proféticas. Los grupos económicos se hicieron de facto con el control de los clubes: Nicolás Ibáñez en Santiago Wanderers, Carlos Heller en Universidad de Chile, Sebastián Piñera en Colo-Colo. La organización económica nunca llegó: deudas previsionales, ventas de jugadores para paliar los balances anuales en rojo y, de no bastar, se recurre a la figura del aumento de capital en forma de préstamo desde los mismos controladores. Hemos incluso llegado a la desafiliación de clubes por malos manejos administrativos. Los resultados deportivos tampoco llegaron, pues el único logro internacional desde el arribo de las sociedades anónimas (el título de la Copa Sudamericana de Universidad de Chile en 2001) fue más fruto del azar que de un proyecto serio, y esto se refleja en que no existió una línea deportiva ni de gestión clara luego de la partida de Jorge Sampaoli. Y en la actualidad, los clubes emblemas de la transformación a sociedades anónimas, Colo-Colo y Universidad de Chile, han vivido campañas desastrosas que los han tenido bordeando el descenso. Para Natalia Dávila de AHA, “el argumento más utilizado era el que decía que las corporaciones no eran capaces de administrar correctamente los clubes, que hacía falta profesionalización y sobre todo probidad en la gestión. Sin embargo a más de 10 años de la privatización de los equipos de fútbol profesional aún no observamos ningún cambio positivo en las administraciones y muy por el contrario, nos damos cuenta de que la situación de los equipos es cada vez más precaria, y que las empresas controladoras en su mayoría presentan números rojos en sus balances”.
Los distintos círculos de poder. Prensa, política, empresas. En Chile, la concentración de estos es incluso burda (Piñera, por ejemplo, fue dueño de Chilevisión hasta 2010, figura política desde la dictadura y multimillonario, o Carlos Heller, quien fue en algún momento el mandamás de Universidad de Chile, dueño del canal de televisón Mega y parte del Grupo Bethia). Como siempre, dichas esferas o círculos intentan preservarse y una de las formas que encontraron para aquello fue el abrirse a nuevos espacios y naturalizarse en ellos. Hoy, tras más de quince años, podría resultar difícil concebir una visión de fútbol que no contenga como financistas a los grandes dueños del país. Así lo cree Cabello: “el daño social y político es tremendo. La profundidad del proceso de transformación a un fútbol privado en donde algunos pocos que concentran la propiedad, los beneficios y el poder, deciden por una gran mayoría es la repetición de un modelo impuesto a todo lo social, la educación, la salud, las jubilaciones… Un proceso privatizador que hoy es altamente cuestionado, rechazado y que evidencia el fracaso en la injusticia y la desigualdad de un Chile neoliberal”. No obstante, el tiempo se ha encargado y terminará dejando claro que este modelo prometido no fue más que eso, promesas. Así también lo piensa Dávila: “confirmamos y reafirmamos que el proceso de quiebra de nuestros clubes fue una maquinación premeditada de los poderes políticos y económicos de este país para enriquecerse a costa del amor y la incondicionalidad de los y las hinchas por su equipos”.
Revista Obdulio 